El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado derogar la ordenanza de mendicidad y prostitución que aprobó el anterior gobierno del PP por considerar que "criminalizaba y discriminaba a las víctimas" y por entender que no debería haberse llevado a cabo desde la concejalía de Seguridad ya que es "un problema de índole social".

Así lo han defendido en sus respectivas intervenciones el actual edil de Seguridad, Fernando Marcos, y la de Acción Social, Nerea Belmonte, mientras que la propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del tripartito (PSOE, Guanyar Alacant y Compromís), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Marcos ha criticado que la ordenanza contemplara medidas para erradicar la mendicidad, como la modificación de bancos públicos para evitar que las personas sin techo durmieran en ellos, y ha opinado que la acción de las administraciones debería "ir enfocada a la prevención, la educación y la inserción" y no con "medidas correctoras o sanciones".

Por su parte, Belmonte ha considerado que la "forma de enfocar estos problemas" por el PP es "incompatible" con las políticas del actual equipo de gobierno.

En sus palabras, dicha ordenanza "no llevaba a Alicante a ser una ciudad más justa e igualitaria", ni ayudaba a "combatir el tema de las mafias", mientras que sí "criminalizaba y discriminaba a las víctimas".

El portavoz de Ciudadanos ha defendido su abstención en que, aunque están de acuerdo en su derogación, no lo están tanto en "la manera" en que se ha llevado a cabo, ya que creen "es una solución a medias" porque no "proponen otras opciones".

En cambio, el portavoz del PP, Luis Barcala, ha negado que la ordenanza criminalizara la mendicidad y la prostitución, sino que prohibía "conductas que, bajo la apariencia de mendicidad, representan actitudes de acoso", como por ejemplo "los gorrillas" o las personas que limpian los parabrisas en los semáforos.

"Se refiere a prácticas coactivas, de utilización espacio público para esas actividades; no juzga ni criminaliza, lo que trata es de dar protección a los ciudadanos", ha opinado, antes de añadir que cree que la derogación responde "únicamente a un argumento y es estrictamente político".

La sesión plenaria, que ha sido la primera en la historia del Ayuntamiento de Alicante en ser retransmitida en directo por streaming, también ha aprobado una declaración institucional para manifestar el apoyo del Ayuntamiento con los afectados por los "productos tóxicos" de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como instar al Banco Sabadell a devolver esas cantidades.

También otra para pedir a la Generalitat y a Renfe medidas para facilitar el transporte ferroviario entre Alicante y Valencia, así como instar a las Cortes Generales y al Consell que aprueben las correspondientes modificaciones para eliminar la figura del aforamiento.

En el pleno de hoy ha tomado posesión de su cargo como concejala del Ayuntamiento de Alicante la popular María Luisa Gayo, en sustitución de la que fuera cabeza de lista del PP en las elecciones municipales, Asunción Sánchez Zaplana, y que resultó elegida para el Senado en los últimos comicios generales.