La aplicación del programa Xarxa Llibres, el plan del Consell para llevar los libros gratis a las familias con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones, enfrentó ayer en las Cortes al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a la portavoz del Partido Popular, Isabel Bonig. Mientras Puig defiende que el programa ya ha permitido beneficiarse de las ayudas a 161.621 familias, la presidenta de los populares acusó al Ejecutivo autonómico de inducir al delito a los ayuntamientos.

Bonig asegura que muchos alcaldes acabarán por vulnerar la ley ya que los técnicos municipales están poniendo en muchos casos reparos de legalidad. El conseller responsable del área de Educación, Vicent Marzà, respondió a la popular Isabel Bonig que el decreto de ayudas lo informó favorablemente la abogacía de la Generalitat y Puig insistió que están de acuerdo alcaldes y diputaciones.

Respecto al grado de implantación, las ayudas concedidas pagadas o en trámite llegan ya al 56 por ciento de los solicitantes, aunque es sensiblemente menor en la provincia de Alicante. Prácticamente un 20 por ciento menos que en Valencia o en Castelló, donde se supera en ambos casos el 60 por ciento.

Puig señaló que se han formulado 285.016 solicitudes para el programa Xarxa Llibres, de las que ya se han concedido, abonado o están en tramitación de pago un total de 161.621. Pero Bonig replica que muchas Intervenciones de ayuntamientos están poniendo reparos al programa, que podría acabar en el Tribunal de Cuentas. «Están obligando a alcaldes y ediles a cometer delitos, pues dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad es prevaricación», aseguró la síndic. Puig respondió que el Consell ha hecho más en dos meses por la gratuidad de libros que el PP en sus 20 años de gobierno.

Avanza la agencia antifraude

Mientras, el pleno de las Cortes aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos tomar en consideración la ley para crear la agencia contra el fraude y la corrupción que impulsa el grupo parlamentario Podemos y a cuya redacción el Consell ha puesto reparos.

Además, el presidente Ximo Puig acusó al Gobierno de España de prohibir la solidaridad con los refugiados y recordó que cientos de familias valencianas esperan para ayudar.