El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que "deje de castigar a los alicantinos" y "revoque" la "decisión arbitraria que nos obliga a reducir un 2 % el presupuesto para gastos de funcionamiento".
Eso supondría "un duro castigo para la ciudadanía porque implicaría reducir servicios básicos como la limpieza o el mantenimiento de zonas verdes, o no abonar la paga extra de 2012 a los funcionarios", ha asegurado Gabriel Echávarri en un comunicado remitido por el Ayuntamiento.
"Le pido al ministro en funciones, al señor Montoro, que dé marcha atrás en una decisión que sólo persigue castigar aún más a los alicantinos y alicantinas", ha señalado el alcalde.
El primer edil también se ha dirigido al secretario de Estado, Antonio Beteta, al que ha pedido "que no siga despreciando a esta ciudad". "Al PP local no le pido nada porque ni está ni se le espera", ha añadido.
Desde la concejalía de Hacienda se ha evaluado el informe remitido por el Ministerio sobre el presupuesto para 2016 y se ha pedido la rectificación de los errores que contiene.
El Ayuntamiento de Alicante elabora los presupuestos teniendo en cuenta los derechos recaudados, es decir, aquellos que se han cobrado el año anterior y no en base a derechos reconocidos, según las fuentes.
En este sentido, la edil de Hacienda, Sofía Morales, ha señalado que desde el ministerio "se han comprometido a revisar el informe y corregir todo aquello que se ha incluido de forma errónea".
Entre los errores que se ha pedido que se subsanen está el cálculo de los ingresos que ha elaborado el ministerio.
"No son 16 millones menos de ingresos respecto al plan de ajuste presentado en 2012 sino 3,8 millones", ha indicado la edil, quien ha añadido que también hay "un error en el cálculo de los derechos de dudoso cobro, ya que el Ayuntamiento aplica un criterio más restrictivo y prudente del que marca la ley que esgrime el ministerio en su informe".
Por otra parte, la Concejalía de Recursos Humanos ha diseñado un plan de redistribución de efectivos del Ayuntamiento para optimizar con criterios de calidad y eficiencia el personal del que dispone la Corporación municipal.
El programa de intervención incluye medidas que impiden provisionar plazas de bajas por enfermedad o paternidad, en caso de vacantes con derecho a reserva, en puestos libres de funcionarios de empleo ni pueden cubrirse las plazas correspondientes a liberados sindicales.
Con el plan de redistribución se van a poder recuperar instalaciones sin tener que subcontratar o externalizar la prestación de los servicios y así poder atender y cubrir las necesidades municipales con el propio personal.
