El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante es un documento ficticio y la gestión del cobro de tributos no ha sido todo lo eficiente que cabría esperar en la administración local alicantina. Son las principales conclusiones que cabe extraer del informe económico financiero que reconocidos expertos de la Universidad Miguel Hernández han realizado, por encargo del tripartito, sobre las cuentas municipales entre los ejercicios 2011 y 2015, el último mandato del PP.
En el informe entregado a finales del pasado año al alcalde, Gabriel Echávarri, por profesores del departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH, se pone en evidencia un importante desequilibrio financiero: el Ayuntamiento de Alicante tenía hasta mediados de 2015 más de 70 millones de euros pendientes de ingresar que son de muy dudoso cobro, ya que, en ese paquete, la deuda más antigua con la administración local data de mediados de los años 80 y el promedio de antigüedad es superior a los tres años. La legislación contempla la prescripción de las deudas con la administración transcurridos cuatro años.
Este dato pone en evidencia que la gestión económica no parece haber sido la principal preocupación del Ayuntamiento de Alicante, una de las mayores empresas de la ciudad, si no la mayor, al menos en el período comprendido entre 2011 y 2015. La cifra de más de 70 millones de activos incobrables, según señalan fuentes municipales, representa en la práctica la mitad del endeudamiento de la administración local alicantina, cifrado en torno a los 150 millones de euros. Si se hubieran cobrado, la deuda podría ser ahora la mitad.
¿Por qué no se han depurado y eliminado los activos de imposible cobro, aquellos que superan los cuatro años de morosidad? Economistas consultados por este diario explican que la razón hay que buscarla en la necesidad de «engordar» el capítulo de ingresos del presupuesto municipal para poder hacer frente, al menos sobre el papel, a los gastos que están comprometidos. El presupuesto del Ayuntamiento debe cuadrar, y esos más de 70 millones de euros de papel de dudoso cobro es necesario que figuren porque, si no, ese mismo dinero no podría aparecer en el apartado de gastos, y los gastos de la administración alicantina son muchos en un presupuesto que ronda los 245 millones de euros anuales.
Si se eliminaran esos más de 70 millones de euros de derechos de dudoso cobro, el balance del Ayuntamiento se hundiría, el remanente de Tesorería pasaría a ser negativo y en la situación actual de intervención por el Gobierno central en la que se encuentra la administración local alicantina al gobierno local no se le permitiría endeudarse y todos los recursos municipales deberían destinarse para sanear la deuda.
Pese a que el actual equipo de gobierno (PSOE-Guanyar-Compromís) encargó el informe a la UMH y dispone del mismo desde finales de diciembre no consta que se hayan eliminado los derechos de dudoso cobro en un presupuesto que tiene en análisis el Ministerio de Hacienda.
La concejal de Hacienda, Sofía Morales, aseguraba este mismo miércoles, sobre el informe que no se ha hecho público, que en el mismo se insta al Ayuntamiento de Alicante a refinanciar la deuda. La edil no hizo referencia alguna a los más de 70 millones de derechos de dudoso cobro que vienen falseando los presupuestos municipales alicantinos y que seguirán haciéndolo mientras no sean depurados.
El tripartito que gobierna Alicante formado por PSOE, Guanyar y Compromís, se encuentra ahora ante la ingrata tarea de asumir un saneamiento de las cuentas municipales que no le dejará apenas dinero para otras cuestiones que no sean reducir la deuda. De no hacerlo, sería prolongar en el tiempo la gestión económica del PP que, a tenor del informe de la UMH, según confirman fuentes municipales, no fue todo lo eficiente que debía ser con los activos a cobrar.
