La investigación judicial por eventuales sobrecostes en las obras del Teatre Calderón, de Alcoy, en el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad, es el último episodio de un auténtico «mapa» de asuntos en los tribunales para el empresario Enrique Ortiz y sus empresas. En estos momentos, acumula hasta 10 asuntos distintos, con sus ramificaciones en algún caso, que van del Gürtel, actualmente en la Audiencia Nacional, y el Brugal en Vega Baja, a la Audiencia de Alicante por el revólver que había en su caja fuerte o conflictos varios en Benidorm y Alcoy. A esta cifra, todo apunta que se sumará uno más a corto plazo, por las discrepancias con el Ayuntamiento de San Vicente por el parking subterráneo.
En Alicante, tiene en curso la investigación del PGOU, sobre si el Ayuntamiento le facilitó información privilegiada a cambio de regalos. También está la causa por presuntas irregularidades en la tramitación del plan urbanístico de Rabasa, para favorecer sus intereses. En tercer lugar, figura la de Hansa Urbana, con la posible venta simulada de parcela con empresarios para un fraude fiscal. Por último, la Audiencia tiene que resolver el recurso, tras la absolución del hallazgo de un revólver en su caja fuerte.
Dos conflictos en Benidorm
Enrique Ortiz está relacionado, actualmente, con dos procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento de Benidorm. Así, mantiene vigente uno vinculado a la expropiación de la partida del Moralet, un caso que data desde 2011. Una sociedad participada por este empresario, denominada Incobe, exigió iniciar el expediente de expropiación forzosa de una serie de terrenos de su propiedad, clasificados en el PGOU como suelo destinado a servicios y a parque urbano. Esta mercantil reclamó 47 millones y el Consistorio le ofrecía 73.000 euros. Finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación arrojó un justiprecio de 5,96 millones de euros, recurrido ante el TSJ por el Ayuntamiento, por lo que ahora están a la espera de resolución de este tribunal.
Asimismo, el empresario alicantino presentó un contencioso ante el TSJ contra la resolución culpable de la condición de agente urbanizador del sector del PAI Armanello. Según fuentes municipales, esta medida legal podría definirse en breve al haber sido ya liquidado el contrato de este plan parcial con la renuncia de Ortiz de cobrar 1,7 millones de euros por su rescisión de agente urbanizador.
El Consistorio benidormense, por otro lado, está pendiente de sacar a licitación el nuevo contrato de explotación de la Estación de Autobuses, con el fin de ejecutar una sentencia en la que como demandado se encontraba también el constructor alicantino. El Ayuntamiento, para cumplir con una resolución del Supremo de 2012, aprobó en el pleno un convenio con el empresario para legalizar el exceso de edificabilidad de la terminal y sacar de nuevo su explotación a concurso. El interventor aseguró que faltaban una serie de informes para poder darle el ok a este pliego de condiciones. Benidorm está pendiente de un documento de valoración externo respecto a la obra realmente ejecutada.
Curiosamente, el caso de la Estación de Autobuses está vinculado con el del Moralet puesto que el empresario, al parecer, utilizó suelo de la terminal para obtener parte de los terrenos de dicha partida benidormense.
Cuatro delitos en Orihuela
En los juzgados de Orihuela, el empresario Enrique Ortiz está investigado como una de las piezas claves en una de las tramas del caso Brugal; concretamente, la que investiga la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja a una UTE formada por Cespa-Ortiz. El procedimiento nació en 2010 a raíz de unas escuchas por otro asunto y está aún en fase de diligencias previas, aunque al empresario se le imputan los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, tráfico de influencias, cohecho y fraude. La Fiscalía sospecha que el concurso se amañó para que se le concediera a la UTE de la que su empresa formaba parte gracias a la intermediación del que entonces era presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, quien igualmente está imputado en una causa con más de veinte empresarios y políticos bajo sospecha. Finalmente, a la UTE se le concedió la gestión de las basuras en 2013 y, un año más tarde, se le retiró por incumplimiento de contrato, lo cual también está recurrido en los juzgados.
San Vicente
En San Vicente del Raspeig, el constructor ha presentado alegaciones contra la aprobación de las cuentas municipales al considerar que no se incluye en el presupuesto una partida de 3 millones en concepto de indemnización por la construcción e inversión que la empresa Enrique Ortiz e Hijos S.A. realizó en el parking situado en los bajos del Ayuntamiento. Dos informes, uno de la interventora y otro del director técnico de contrataciones, aconsejan la desestimación de dichas alegaciones, lo que se formalizó en el pleno celebrado esta semana. El Ayuntamiento considera que es el constructor el que debe casi 2 millones de euros al Consistorio al haber abandonado unilateralmente la gestión del estacionamiento.
Alcoy: tres asuntos de peso
La vinculación de Enrique Ortiz con Alcoy se define en estos momentos a través de tres asuntos judiciales de envergadura, con notable peso económico y suerte dispar. Así, tras retirarle el actual Ayuntamiento la concesión del bulevar del ferrocarril -que le habría costado a Alcoy 27 millones en 20 años- ha sido condenado a indemnizarle con 4,3 millones. El fallo está recurrido al Tribunal Supremo, pero de momento ya se han abonado 700.000 euros.
Ortiz acaba de perder una demanda de 1,2 millones contra el consistorio por pérdidas en el parking subterráneo de la Rosaleda, pero se prevé que los líos judiciales se recuperen en breve porque se tiene que remodelar la plaza por una sentencia judicial que detectó incumplimientos en el PGOU. Por último, el Juzgado número 2 acaba de abrir diligencias previas para investigar supuestos delitos de falsedad documental y estafa por obras por valor de 164.000 euros en la reforma del Teatre Calderón de Alcoy.
