Recuperar el control público de los hospitales en concesión. Esta era una de las principales promesas del PSPV en materia de Sanidad. Pero la realidad económica se impone y parece que pasarán años antes de que los cinco hospitales públicos que actualmente gestionan empresas privadas en la Comunidad, tres de ellos en la provincia, vuelvan a depender al cien por cien de la administración.
Y es que Sanidad descarta el rescate directo de estos centros sanitarios debido al elevado coste que supondría esta operación, ya que se debería pagar una suma millonaria en concepto de indemnizaciones a las empresas por los años pendientes de amortizar sus inversiones. Nada menos que 145 millones en la provincia de Alicante, cerca de 250 en la Comunidad Valenciana, según se desprende de un informe elaborado por el sindicato UGT.
«A medida que acaben los contratos se irán rescatando las concesiones y mientras se han puesto en marcha todos los mecanismos de control tanto de las cuentas como de la actividad asistencial», señalan fuentes de la Conselleria de Sanidad. Así, añaden, «nos ceñimos al Pacto de Botánico, en el que se prometía una auditoría de los concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa».
El primer contrato que vence es el del Hospital de Ribera-Alzira en abril de 2018 y Carmen Montón ya ha anunciado que no se renovará la concesión del mismo. Habrá que esperar hasta el año 2021 para que venza el siguiente contrato, el del Hospital de Torrevieja. Rescatar anticipadamente este centro costaría, según las cifras que maneja UGT, 28,5 millones. Para el de Dénia, que finaliza en 2024, habría que pagar 53,6 millones y para el de Manises, cuyo contrato vence también en 2024, 52 millones. La última concesión administrativa en vencer es la del Hospital del Vinalopó y por tanto la más cara, 63 millones de euros.
El informe del sindicato también aborda otras vías para devolver a la sanidad pública la gestión total de estos centros hospitalarios. «Si no cumplen todos los puntos de los contratos con la Conselleria éstos se podrían rescindir», asegura Miguel Uso, responsable de Sanidad de UGT en la Comunidad Valenciana. Una vía que el propio Uso califica de complicada. «Tal y como están redactados estos contratos existen infinidad de resquicios y el litigio en los tribunales sería largo y costoso». Una alternativa que desde la Conselleria de Sanidad también ven difícil.
Un millón de personas en la Comunidad Valenciana están adscritas a los cinco hospitales en concesión administrativa, en los que trabajan casi 6.000 profesionales.
