El pleno de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional para solicitar, al futuro Gobierno central, a que derogue la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza". La declaración ha sido elevada al pleno con carácter de urgencia e iba firmada por los tres partidos en el equipo de Gobierno --PSPV, Compromís y Guanyar Alacant--.

El debate ha propiciado un enfrentamiento entre el 'popular' Carlos Castillo y la edil de Juventud y Protección Animal de Guanyar Alacant, Marisol Moreno, a razón de la condena de esta última por injurias a la Corona y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

El PP ha votado en contra de la declaración y Ciudadanos, que ha respaldado su tramitación por urgencia y se ha mostrado a favor de solicitar su derogación, ha terminado por rechazarla al considerar que se solicitaba la modificación de un artículo del código penal que debería mantenerse.

La declaración ha sido defendida por el portavoz del equipo de Gobierno y de Compromís, Natxo Bellido, que ha indicado que se trata de una ley que ha sido rechazada por organismos como la ONU, Amnistía Internacional o Caritas y que deja a España "mal ante el mundo".

A su juicio, el gobierno de Mariano Rajoy impulsó la ley para tapar "la corrupción y los recortes", factores contra los que para Bellido "no se lucha desde la ley mordaza. Una ley que quiere criminalizar la protesta sindical, que quiere restringir el derecho a la huelga, a la manifestación, a la libertad de expresión. Se lucha con cuestiones como transparencia y gobiernos progresistas".

Por su parte, la edil de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno, ha tomado la palabra para defender la libertad de expresión tras su condena a pagar una multa de 6.000 euros por injurias a la Corona, impuesta en el juicio que se siguió el lunes en la Audiencia Nacional.

Moreno ha argumentado que la libertad de expresión es "el medio para la libre difusión de las ideas" y un "símbolo de las sociedades libres" surgido de "la lucha" de quien se ha enfrentado a regímenes "opresores y dictatoriales".

Ha espetado que es un derecho "inalienable" que "nada tiene que ver con lo que es justo o injusto" o "con el mal o buen gusto". Así, ha considerado que si los 'populares' hubieran sido "coherentes" se les habría "caído la cara de vergüenza" por solicitar al alcalde que le retiraran sus competencias por un "delito de opinión, habiendo salido en prensa todo lo que había pasado en el PP valenciano --en referencia a la operación Taula--, que había funcionado como una verdadera presunta organización criminal que cuenta con 24 detenidos".

Además, ha recordado un tuit del asesor 'popular' Luis Salom que lanzó el mensaje "'los camaradas de IU encantados y orgullosos de tener una delincuente entre sus filas'. Su partido una organización podrida es el que promueve la ley mordaza".

Por su parte, el 'popular' Carlos Castillo le ha echado en cara: "creo que no tuvo tanta soberbia ante el juez. Que usted dé lecciones de libertad, se lo tiene que hacer mirar". "Un poder del Estado ha concretado las acusaciones que le fueron dirigidas y se las ha concretado en forma de condena: Usted ha sido declarada responsable de un delito de injurias contra nuestro Jefe del Estado, el suyo y el de todos los españoles", ha seguido.

Castillo ha enfatizado que Moreno ha sido condenada en el marco de "un discurso del odio porque sus expresiones son objetivamente injuriosas, hirientes, insultantes e innecesarias para la crítica política y personal".

El portavoz 'popular' ha argumentado que la Ley de Seguridad Ciudadana no impide los derechos de manifestación, huelga o para un desahucio, sino que impone límites a "obstruir la labor policial" o de "cualquier autoridad del ejercicio legítimo de sus funciones". Asimismo, se ha retrotraído a leyes como la ley Corcuera "de patada en la puerta", la ley Sinde "con su célebre comité de censura" o la propuesta de Pajín que "contemplaba delitos de opinión de diverso tipo" en 2011 y promovida "por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad".

TRANSPARENCIA

El pleno ha rechazado con los votos del equipo de Gobierno una propuesta para la creación de una Comisión de Pleno sobre Transparencia. La moción de Ciudadanos ha sido rebatida porque, según el tripartito ya existe un trabajo previo para la elaboración de una ordenanza de transparencia. A esos trabajos se ha invitado a asistir a todos los grupos políticos.

Finalmente, se ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno y Ciudadanos una moción del PSPV para crear un Consejo Sectorial para analizar, estudiar y proponer la reindustrialización de la ciudad de Alicante.

El alcalde, Gabriel Echávarri, ha defendido una moción para que dentro de "20 ó 30 años exista una industria fuerte" en la ciudad, para lo que se debe contar con el apoyo de las universidades alicantinas --Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández--, empresarios y sociedad civil.

Desde el PP ha rechazado que Alicante necesite una reindustrialización y han acusado al equipo de Gobierno de no promover acciones en materia de empleo.