La jubilación forzosa del anterior gobierno del PP ya ha costado a la Generalitat 800.000 euros en concepto de indemnizaciones a los médicos que han acudido a los tribunales para recurrir esta medida. Actualmente, desde el departamento de Carmen Montón se tiene constancia de un total de 143 recursos en marcha en la Comunidad Valenciana. Cuando los tribunales dictaminan que un médico debe ser readmitido, conselleria debe abonar la diferencia entre el salario que cobraba este galeno y la pensión de jubilación, multiplicado por los meses que haya permanecido inactivo.
Como media, y según fuentes de los sindicatos consultadas por este periódico, los primeros médicos que obtuvieron sentencias favorables deben recibir de la Generalitat una media de 36.000 euros de indemnización. De prosperar de forma positiva para los médicos estos 143 recursos, Sanidad debería desembolsar por tanto más de 5 millones de euros. Abogados y sindicatos como el CSIF o el Sindicato Médico critican la excesiva tardanza de la Administración en pagar y readmitir a los médicos con sentencia favorable.
La jubilación forzosa comenzó a aplicarse en el año 2013. Hasta entonces los médicos que cumplían 65 años podían prorrogar su actividad laboral hasta los 70. Por norma general, la administración no ponía impedimento para alargar esta etapa laboral. Con la crisis, y en plenos recortes, la Conselleria de Sanidad vio en la jubilación forzosa a los 65 años una forma de ahorrar dinero. Y es que, sólo en pagar la carrera profesional a los galenos de mayor edad, la administración gasta 1.200 euros por médico.
Sin embargo, el mal planteamiento a nivel normativo con el que se llevó a cabo esta medida ha provocado que los tribunales hayan dando la razón a muchos de los facultativos que han recurrido. La jubilación forzosa se estableció en un primer momento a través de una orden de la Conselleria de Sanidad. La contestación, en forma de recursos por parte de los sindicatos no se hizo esperar y un año después de su aprobación el TSJCV la anuló. Pero Sanidad no se detuvo y en agosto de 2014 aprobó un decreto para asegurar la jubilación obligatoria al cumplir 65 años de facultativos y otros profesionales del sector sanitario, decreto que también está recurrido por parte de los sindicatos. El siguiente paso llegó con la ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado, donde se introdujo la jubilación forzosa para todos los funcionarios.
Actualmente la Conselleria de Sanidad se encuentra negociando con los sindicatos, a través de una mesa sectorial, a qué edad los médicos colgarán la bata de manera general y bajo qué condiciones se permitirá prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. Hasta que se cierre este acuerdo, la Conselleria de Sanidad asegura que permitirá que continúen trabajando aquellos facultativos a los que no sea posible sustituir porque en su especialidad hay poca gente, que cuenten con una trayectoria muy distinguida o que desarrollen una intensa labor de investigación.
