«Que se lleve a los responsables empresariales ante los tribunales, y a los políticos también, para poder recuperar el dinero y que paguen por mantener a nuestros hijos en instalaciones lamentables». El secretario de la federación provincial de padres Enric Valor y próximo presidente de la entidad a partir del 27 de febrero, Raúl Alos, incide en que «los responsables» de los millonarios sobrecostes de la construcción de centros escolares evidenciada por la auditoría realizada por la Intervención de la Generalitat «tienen que pagar por ello».

El informe sobre la gestión de Ciegsa, la empresa pública constructora de los colegios e institutos durante el anterior mandato del PP, hecho público esta semana por la actual Conselleria de Educación, ha levantado ampollas entre los representantes de la enseñanza que reiteradamente habían denunciado durante años la reiterada falta de colegios pese a que se anunciaban una y otra vez, hasta acabar costando mucho más de lo presupuestado. «Es un expolio que la FAPA Gabriel Miró denunció durante la campaña en la que se presentaron los 300, nuevos colegios muchos de los cuales no se han hecho», añade el presidente de la federación de padres de alumnos, Ramón López.

Las movilizaciones de la mano de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública fueron constantes también en reclamar instalaciones escolares dignas mientras los alumnos se eternizaban en barracones. «Era inexplicable que un instituto acabara costando aquí tres veces más que en León», recuerda Francisco García, delegado de CC OO en l'Alacantí. «Aplaudimos que se haga público el saqueo institucional que se ha hecho de las arcas públicas, que son nuestros bolsillos, pero somos conscientes de que esos sobrecostes los seguirán pagando generaciones venideras, nuestros hijos. Fue un despilfarro mantener a los alumnos del Benalúa diez años fuera de su centro, en barracones, por los intereses de unas empresas».

Javier González Zurita, por FETE-UGT, celebra la transparencia del nuevo Consell y tacha de «vergüenza nacional y estafa» la barra libre que se propició con los barracones. Laureano Bárcena, desde Anpe, insta a hacer público cada euro que se gaste.

Desde el Consell, la propia vicepresidenta, Mónica Oltra, coincide en que el anterior gobierno ha dejado «una ruina en diferido que nos avergüenza y seguirán pagando nuestros hijos»; y por parte del Ayuntamiento de Alicante, su portavoz, Natxo Bellido, tras recordar las denuncias continuas en su momento, sostiene que los sobrecostes escolares son «un capítulo más de la dilapidación del dinero público por el PP», y que «este libro no ha acabado».