Al menos medio centenar de alumnos ha sido expulsados definitiva o temporalmente, según el caso de su instituto en los últimos dos meses por graves problemas de comportamiento asociados al acoso y las agresiones a otros compañeros.
Los datos, facilitados por Educación, corresponden únicamente a centros de Secundaria de la ciudad de Alicante pero, frente a lo que cabría suponer, no están asociados a su ubicación en los barrios más deprimidos económica y socialmente, todo lo contrario. Los conflictos se han constatado en institutos públicos y colegios concertados indistintamente, tanto en la playa como en el centro de la ciudad.
La media de expulsiones definitivas de alumnado se dispara de esta forma con respecto a la estadística que otros años anteriores arrojaba en esta fechas una cifra de alumnos expulsados que rondaba la decena.
Los casos graves que han culminado tras el correspondiente proceso sancionador con la expulsión o la recomendación del cambio de centro responden principalmente a agresiones y amenazas entre los propios estudiantes y se concentran principalmente entre los que cursan los últimos cursos de Secundaria, entre los 14 y los 16 años.
En los centros afectados sostienen haber detectado entre sus alumnos un aumento en los comportamientos «antisociales» que achacan a lagunas en la imprescindible intervención familiar a la hora de educar a los hijos. «Las familias tradicionales están desbordadas por las exigencias del actual ritmo de vida y resultan menos eficaces cuando se trata de inculcar en los jóvenes el respeto a sus iguales».
Intervención
El aumento y gravedad de los casos abordados este curso ha obligado a derivar algunos hacia la intervención de otras administraciones, como Bienestar Social e incluso la Fiscalía de Menores.
Los profesionales sociales y jurídicos actúan, incluso, para determinar el internamiento, cuando es preciso, del joven en un centro de acogida si la familia no resulta lo suficientemente eficaz. No son situaciones vinculadas a circunstancias económicas ni sociales deprimidas, sino de desestructuración de la familia habitualmente, aseguran profesionales de Trabajo Social.
El uso inadecuado de las redes sociales para grabar imágenes de compañeros en los aseos y el acoso continuado sumado a las agresiones físicas concentran la casuística advertida y que en los últimos meses ha desplazado de su centro e incluso expulsado definitivamente en algunos de los casos, a medio centenar de estudiantes. Como subrayan desde Educación, la totalidad de los centros escolares están obligados a incluir actuaciones de mediación entre sus estrategias para mejorar la convivencia, pero tras detectar el aumento de casos de comportamiento disruptivo, hasta el punto de conllevar la expulsión, se está instando a incorporar nuevas medidas que contribuyan más eficazmente a prevenir las situaciones más violentas.
En el marco del Plan de Convivencia de los centros de enseñanza, la totalidad de los centros escolares cuenta con equipos de medicación y en su mayoría son mixtos, están compuestos por profesores y alumnos. «Se ha evidenciado una mayor eficacia en la prevención cuando otros alumnos, ya formados en esta casuística, son los que hacen ver a sus compañeros agresores lo inadecuado de su forma de proceder», concluyen.
