El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia acaba de condenar a la Conselleria de Educación por vulnerar el derecho fundamental a la educación de un niño de Utiel (Valencia) cuyos padres tuvieron que comprar hasta un pupitre y una silla adaptada porque la conselleria del PP no facilitaba los medios para hacer posible su inclusión educativa en un colegio público. Aunque hasta tres dictámenes de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE) de la propia conselleria ordenan la integración de este alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en un colegio y en un aula ordinaria desde hace tres cursos, ni primero la conselleria del PP ni ahora la de Compromís-PSPV han aportado los recursos necesarios para que Alejandro, según se lee en la sentencia, pueda acceder «a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás».
Una desatención que según el magistrado atenta contra «el derecho a la igualdad de trato en la educación», algo que para el juzgador resulta «aún más injustificado cuando todos los ciudadanos hemos visto cómo se ha gastado dinero público en actuaciones absolutamente prescindibles». El dictamen de escolarización del SPE establece que para favorecer su integración en un aula ordinaria precisa, entre otras medidas, del apoyo de un educador durante toda la jornada y de la atención de un fisioterapeuta que vele por el control postural del menor, así como de material adaptado.
Tres cursos después de iniciarse su escolarización, estas tres medidas no se han cumplido. La conselleria del PP sólo concedió el educador 90 minutos al día, período que amplió a dos horas y media y, para este curso, «a media jornada y no todos los días», explica Rosa, la madre del niño. Ésta confiaba en que el cambio educativo prometido por el conseller Vicent Marzà le llegara también a Alejandro, pero ha pasado de largo. «La inspectora nueva ha venido al colegio, y yo tenía esperanza de que nos concediera el educador a jornada completa, pero no...», lamenta. «Mi hijo no camina y necesita ayuda para desplazarse, ir al baño, y hacer los trabajos en clase», por lo que cuando ya no está el educador «si el niño quiere hacer sus necesidades me llaman de la escuela para que lo lleve yo», apunta.
Las carencias en cuanto al material adaptado también son importantes. Los padres tuvieron que comprar hasta el pupitre y la silla para que su hijo pudiera estar en clase. Una falta de medios que Educación no subsanó hasta que en septiembre de 2014 este periódico lo denunció.
Los padres dicen que «es humillante haber tenido que ir a los tribunales para que mi hijo tenga lo que tienen los demás niños, o tener que salir en los periódicos para que tenga silla y mesa».
