Fuentes de ACUAMED informaron hoy en un comunicado de que la decisión judicial es consecuencia de la admisión a trámite del recurso positivo de competencias presentado por el Gobierno central el pasado 23 de marzo, días después de que la Generalitat ordenara la paralización de las obras de la citada desalinizadora.
La sección cuarta del Tribunal Constitucional admitió hoy a trámite el conflicto positivo de competencia, según informaron las citadas fuentes.
Junto con esta admisión a trámite, el alto tribunal ha acordado, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, "la suspensión de la vigencia y aplicación del Acuerdo impugnado, desde el día 27 de marzo de 2007, fecha de interposición del conflicto, lo que será comunicado al President de la Generalitat.
De esta forma, según precisaron las citadas fuentes, "queda garantizada plenamente la continuidad de las obras de construcción de esta infraestructura", destinada a asegurar el suministro de recursos hídricos para 2,3 millones de ciudadanos y 65.000 regantes.
La planta -una de las mayores del mundo- supone una inversión de 215 millones de euros, de los cuales 55 serán financiados con fondos europeos.
Los costes de operación y mantenimiento durante 15 años alcanzan los 82 millones, por lo que el contrato adjudicado por Acuamed se eleva a un monto global de 297 millones de euros, para una capacidad de producción de 80 hectómetros cúbicos de agua anuales, 40 de los cuales se destinan a riego y el resto a abastecimiento en Alicante y Murcia.
