Giro copernicano a cuatro días de las elecciones. La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó dio ayer marcha atrás y se ha negado, finalmente, a firmar con el Ministerio de Agricultura el convenio para la explotación del trasvase que condenaba el proyecto mientras en el mismo no figure, negro sobre blanco, el agua para el abastecimiento urbano. Una posibilidad que, según apuntaron ayer fuentes de la Junta Central, sólo es posible desde la toma del agua en Cortes de Pallás, cuya finalización obliga a invertir 60 millones de euros.

Usuarios y regantes han formado un comisión de trabajo para seguir negociando. «Hay prisa porque sabemos lo que se juega la provincia, por lo que seguiremos negociando con el gobierno que salga de las urnas el domingo. Tenemos un compromiso con los agricultores, que lo están pasando muy mal, y por ello firmamos el protocolo pero también hay que incluir a los abastecimientos y sólo es posible desde Cortes de Pallás», aseveraron desde la Junta.

Las fuertes presiones internas y de los agentes más cercanos a la Junta Central han posibilitado este giro de los regantes que convierte en papel mojado el protocolo que firmaron hace dos semanas el presidente de la Junta, Andrés Martínez, la ministra Isabel García-Tejerina, y la presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña. Un paso adelante a la desesperada de la Junta por el avance de la sequía, pero que tuvo consecuencias graves, tanto para el propio «lobby» por el agua de calidad que tiene como referente al catedrático Antonio Gil Olcina, como para el propio José Manuel García-Margallo, compañero en el consejo de la ministra García-Tejerina, y cabeza electoral del PP por la provincia de Alicante, que justo un día después de la firma del protocolo afirmaba que la defensa del agua era uno de sus ejes de la campaña. Desde ayer, los regantes se han plantado y las prisas han desaparecido.

El protocolo que hoy se ha quedado en nada y que hay que reformar «sin prisas» había excluido, en la práctica, a todos los municipios de la Marina Baixa (a los que hoy llega agua del Taibilla porque la planta de Mutxamel no está conectada con Benidorm), y a una zona de unas 300.000 personas en el Medio y Alto Vinalopó, donde no hay infraestructura para recibir agua desde la costa. Ese es ahora el argumento clave que sostienen los regantes para presionar al Ministerio, ya que, además de no cumplirse las condiciones sociales y ambientales del proyecto, tampoco saldrían las cuentas, porque los abastecimientos tienen que pagar más alto el precio del agua a fin de compensar la tarifa para el caudal de riego.

Por otro lado, en la mesa de trabajo creada el pasado lunes también figura fijar la propia tarifa para riego, bien diferente que la del convenio de 2001, el que saltó por los aires en julio de 2005. El Ministerio de Agricultura plantea a partir de 2017 una tarifa de 0,30 euros el metro cúbico para los 50 hm3 que llegarán a los agricultores desde el polémico Azud de la Marquesa, donde el caudal contiene durante muchos meses del año restos de pesticida. Una tarifa que triplica la que se firmó en 2001 y es cuatro veces más cara que la que se paga por el agua del Tajo.

Pero el gran caballo de batalla sigue siendo la toma que garantice que los otros 30 hm3 de agua hasta completar el trasvase sirvan para beber. El protocolo firmado el pasado día 3 no especifica ni plazos, ni el lugar para captar el agua del río Júcar, lo que dio paso a todo tipo de especulaciones, incluso a la posibilidad de construir la potabilizadora que anunció el Gobierno, entonces del PSOE, en 2010. Nada se ha sabido desde entonces del planteamiento que hicieron los regantes para conectar el embalse de Tous con el trasvase construido por el Ministerio de Medio Ambiente en el tramo del sifón Barxeta-Xátiva, lo que permitiría contar con agua potable de gran calidad que ahora mismo se va al Turia y a la Albufera. Una cantidad que no alteraba para nada el caudal del Júcar.

Los regantes estiman que el coste de esta infraestructura rondaría los 25 millones de euros. La toma Tous-trasvase Júcar supondría, además, un ahorro de 90 metros en la elevación del agua en relación al azud de la Marquesa, con lo que se abarataría sensiblemente el coste de gestión.