El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante pedirá a las juntas de distrito que los 500.000 euros para inversiones en los barrios que se incluirán en los presupuestos municipales de 2016 los destinen a ayudas para facilitar alquileres sociales de viviendas para familias desfavorecidas. La propuesta, de la concejala de Hacienda, Sofía Morales, se formuló durante la reunión que mantuvo con miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, que instalaron en el hall del Ayuntamiento una tienda de campaña para exigir ayudas públicas que eviten el desalojo de las familias y colectivos más vulnerables.
En la reunión también participaron el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón; el portavoz del gobierno tripartito, Natxo Bellido; el interventor municipal; y la edil de Acción Social y Vivienda, Nerea Belmonte, quien apuntó que lo que se recaude irá a engrosar la partida de ayudas al alquiler social, que para 2016 es, en principio, de sólo 50.000 euros, del todo insuficiente para atender la emergencia social, pero que la cantidad que puedan conseguir dependerá de la voluntad de las juntas de distrito, para las que se reservaba un 5% del capítulo de inversiones del presupuesto municipal del año que viene. «Las juntas deciden en qué se gastan el dinero, pero si se consiguiera el 100% la cantidad rondaría los 500.000 euros», dijo. Ese porcentaje dentro de los presupuestos participativos se les solicitará «de inmediato». El tripartito también espera incrementar esa partida inicial de 50.000 euros a través de los alquileres de los locales y aparcamientos propiedad del Patronato de la Vivienda.
Belmonte también anunció que se destinarán pisos del Patronato para desalojos inminentes, y que crearán un protocolo de emergencia con las plataformas antidesahucios para canalizar la avalancha de casos de alicantinos que siguen perdiendo su vivienda.
Por parte de los activistas, el abogado Francisco Moreno destacó el compromiso del tripartito de destinar entre 200 y 300 viviendas a alquiler barato. Los colectivos antidesahucios reprocharon al gobierno local que hayan destinado dinero para gastos superfluos como «luces de Navidad (40.000 euros este año sólo para las zonas comerciales) o flores cuando en Alicante existe pobreza extrema» y censuraron al alcalde, cuando pasó junto a ellos, que no les atendiera. Echávarri, según Alcaldía, les emplazó a una reunión para el viernes, que los colectivos rechazaron. Posteriormente, acordaron con los concejales iniciar un calendario de reuniones que comenzará el 11 de diciembre.
Aunque la cantidad de la que disponen las juntas de distrito para decidir proyectos es superior a la de este año algo más de 150.000 euros el porcentaje sobre el total de las inversiones se mantiene en el mínimo posible, el 5%. Así dispondrán de 500.000 euros de un volumen global de inversiones de diez millones. En ellas, se incluyen, por ejemplo, las obras de la Cámara de Comercio o del paseo de Niza, la pasarela marítima de madera, la adquisición de equipos informáticos, aplicaciones informáticas para la gestión de impuestos, señalización de tráfico o vehículos para la Policía Local, entre otras.
Los vecinos consideran insuficiente lo que les corresponde. Así lo han comenzado a trasladar las juntas de distrito y también las asociaciones de vecinos, que reclaman, además, mayores mecanismos de participación en la confección de los presupuestos municipales. La edil de Participación Ciudadana, Julia Angulo, se escuda en las restricciones del plan de ajuste y la falta de tiempo y asegura que será en 2017 cuando puedan cumplir con sus compromisos de aumentar ese porcentaje y que los vecinos tengan una decisión directa sobre el presupuesto municipal.
