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Fabra bloqueó las ayudas a víctimas de violencia de género

La partida fue presupuestada en 2013 y 2014 pero no se gastó porque se tardó año y medio en aprobar el reglamento

El Consell de Alberto Fabra mantuvo bloqueadas durante casi dos años las ayudas de emergencia para las mujeres víctimas de la violencia machista, unos recursos a los que tenían derecho al amparo de la ley integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana y que, por dejadez administrativa, no llegaron a su destino. Y es que el Ejecutivo tardó nada menos que año y medio en aprobar un reglamento que regulara la concesión de estas ayudas económicas. Pese a no conceder ni una solo euro durante 2013 y 2014, el Consell habilitó una partida en sus presupuestos. El primer año dotó la línea de subvención con 200.000 euros y el segundo con 75.000 euros. Ambas quedaron sin ejecutar. El desolador balance se desvela ahora a raíz de la pregunta parlamentaria formulada por la diputada socialista Rosa Peris, una demanda de información que ha sido atendida por la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mònica Oltra.

La información facilitada por la vicepresidenta es demoledora. Llega, además, en un momento que la lacra de la violencia machista está golpeando a la sociedad española y especialmente a la valenciana. El próximo miércoles día 25 se celebra el día internacional contra la violencia de género.

Según el nuevo Consell, las ayudas de emergencia previstas en el artículo 55 de la ley de 2012 contra la violencia de género tuvieron reflejo presupuestario, pero los fondos no se utilizaron «ya que se necesitaba el desarrollo reglamentario de la citada ley».

Esta regulación no se produjo hasta la aprobación del decreto 63/2014 del 25 de abril del Consell por el cual se daba luz verde al reglamento que regulaba el reconocimiento de las indemnizaciones y ayudas económicas a las víctimas de violencia contra la mujer. El decreto entró en vigor el 1 de mayo de 2014, es decir año y medio después de la aprobación de la ley. Según la información facilitada por la conselleria, en 2013 no consta ninguna solicitud presentada, mientras que en 2014 se presentaron diez, si bien no se aceptó ninguna. Por tanto, el importe gastado fue cero. La conselleria aclara que dos solicitudes fueron denegadas y ocho fueron desistidas y volvieron a presentarse al año siguiente.

En 2015, cuando la normativa ya estaba en vigor, se presentaron 107 solicitudes y se concedieron 85, cifras que evidencian que la línea presupuestaria tenía desgraciadamente demanda. En total, el importe concedido en 2015 fue de 48.984 euro, la mitad de los fondos presupuestados.

Al bloqueo administrativo de estas ayudas se suma, tal como informó este diario el pasado mes de octubre, la práctica del Consell del PP de denegar ayudas a víctimas de maltrato por tener deudas tributarias. Se trata de una prestación de 426 euros que sufraga el Gobierno de España para socorrer víctimas que se encuentran en riesgo de exclusión. Aunque el dinero procede del Estado, es la administración autonómica la encargada de tramitar estas ayudas y los antiguos responsables aplicaron a raja tabla la ley de subvenciones y obligaron a las solicitantes a demostrar que no tenían ningún tipo de deuda. Otras comunidades, como Andalucía y Madrid, se preocuparon de excluir este requisito cuando aprobaron su propia orden para gestionar las ayudas. El Consell de Fabra no lo hizo y los nuevos responsables se encontraron con una treintena de expedientes bloqueados. Oltra, tras solicitar un informe de la Abogacía de la Generalitat, solventó las pegas jurídicas y la prestación se está tramitando.

Rosa Peris se interesó por esta situación y solicitó los datos de solicitudes presentadas, concedidas y denegadas en los últimos cuatro años. Entre 2012 y 2015 se presentaron un total de 494 peticiones: 252 fueron denegadas (más de la mitad) y el resto concedidas. El motivo de la denegación es variado: percepción de ayudas incompatibles, caducidad o desistimiento, pero también no aportar el papel que acredita carecer de deuda tributarias, con la Seguridad Social o con otras administraciones.

Esta causa dejó sin apoyo económico a 30 personas. En realidad, hace notar Rosa Peris, responsable de Igualdad en el PSPV, a muchas más porque los servicios sociales a las que acuden estas mujeres ya les advertían de que ese documento era imprescindible para recibir el dinero. «Nunca sabremos cuántas mujeres ni si quiera presentaron la solicitud», denunció la parlamentaria socialistas.

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