El vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vías Públicas, Miguel Ángel Pavón, firmó ayer un escrito mediante el que se requiere al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, la obtención de una licencia ambiental que debe tramitar el Ayuntamiento para permitir el ejercicio de la actividad de manipulación de graneles pulverulentos (carga y descarga de carbón y cemento) en el puerto.
En el escrito remitido a la Autoridad Portuaria, Miguel Ángel Pavón aseguró que la actividad de carga y descarga de graneles a cielo abierto en los muelles está sometida a contar con una licencia ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la ley autonómica de prevención, calidad y control ambiental de actividades.
Pavón recordó, en sentido, en un comunicado, que «en la primera reunión del actual consejo de administración de puerto, el pasado 6 de octubre, desde el Ayuntamiento ya anunciamos a Gisbert que exigiríamos al puerto que la manipulación de graneles pulverulentos se sometiera a un instrumento de intervención ambiental. Tras las oportunas consultas con la Generalitat ese instrumento es la licencia ambiental que debe tramitar el propio Ayuntamiento», señaló el edil.
Curiosamente, el escrito del vicealcalde Miguel Ángel Pavón, se producía horas después de que la asociación de vecinos Gran Vía-Sur, presentarse una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el propio Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria, a los que acusan de cometer un presunto delito de prevaricación por omisión, por permitir la actividad de carga y descarga de carbón y cemento a cielo abierto en los muelles, a sabiendas de que, según Gran Vía Sur, carece de las licencias, según apuntó ayer José Santamaría, vocal de medio ambiente de la asociación. Los vecinos sostienen que la actividad genera riesgos para la salud de los residente del entorno de la zona industrial del puerto y cuentan con dictámenes que apoyan sus sospechas del Síndic de Greuges y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. El puerto siempre ha sostenido, por su parte, que el movimiento de graneles cumple la legislación y que ha adoptado todas la medidas correctoras necesarias. El propio presidente, Juan Antonio Gisbert, señaló este punto en un discurso de toma de posesión delante de toda la comunidad portuaria, el alcalde Gabriel Echávarri y lo ediles Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, desde ayer denunciados ante el fiscal Anticorrupción, como miembros del tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante.
Pavón apuntó, por su parte, en su escrito, que «el ejercicio de la actividad debe ser compatible con la protección de la salud y del medio ambiente y la licencia debe garantizar esa compatibilidad con las oportunas medidas correctoras que deban establecerse». El edil no está en contra de la manipulación de los graneles, pero sostiene que la actividad debe cumplir escrupulosamente con la protección del medio ambiente y evitar posibles afecciones a los vecinos del entorno.
El responsable de Urbanismo recordó que a los tres expedientes que a finales de 2008 se sometieron a información pública para que las tres empresas que operan con graneles en el puerto obtuvieran la correspondiente licencia municipal -expedientes que finalmente fueron archivados por el PP que gobernaba el Consistorio- se incorporó un informe de la Conselleria de Medio Ambiente contemplando una serie de medidas correctoras «que esperamos vuelvan a ser exigidas por la Conselleria en el informe que tiene que emitir en el marco de la licencia ambiental que desde el nuevo equipo de gobierno exigimos ahora al puerto».
Medidas correctoras
En concreto, el Ayuntamiento exige «tolvas ecológicas, cintas carenadas, filtros de mangas y almacenamiento en naves o silos cerrados, que son algunas de las medidas apuntadas en 2009 por la Conselleria, y que permitirían la corrección ambiental de una actividad que seis años después continúa sin tener autorización ambiental alguna», destacó Pavón.
El equipo de gobierno municipal tiene la firme voluntad, según el vicealcalde, de revertir la actual situación dando cumplimiento a uno de los puntos recogidos en programa que permitió el pacto de gobierno. «La adecuación de la manipulación de graneles sólidos a la normativa ambiental y urbanística en el marco de la integración urbana y ambiental de Puerto y ciudad», subrayó el vicealcalde Miguel Ángel Pavón.
El paso adelante dado ayer por los vecinos de Gran Vía Sur es el más importante desde que hace diez años iniciaran su cruzada contra la manipulación al aire libre del carbón, cemento y otros graneles en el puerto.
