El alcalde, Gabriel Echávarri, habló ayer por primera vez sobre el informe encargado a la Universidad Miguel Hernández sobre la gestión económica del PP entre los años 2011 y 2015 para insistir, como vienen haciendo el equipo de gobierno, en que «no es una auditoría». Con base en ello, el regidor descarta replantear el contrato más allá del cambio de responsable incidió en que el hecho de que hasta esta semana figurara como tal un asesor suyo obedecía a «un error de transcripción» y afirma que se hará público el resultado, colgándolo en la web municipal, tal y como han pedido sus socios y el propio conseller de Transparencia.
Como avanzó este diario en su edición del domingo, la legislación impide contratar auditorías externas de las cuentas y reserva esta función a la Intervención Municipal y la Sindicatura de Cuentas. En el contrato rubricado entre el alcalde y la UMH el 25 de septiembre por 21.773 euros se recoge que no se trata de una auditoría, pero expertos jurídicos en Administración Local consideran que, de la descripción de los trabajos, resulta evidente que se están auditando las cuentas municipales y que se utiliza un subterfugio.
«Una auditoría es una foto fija de una empresa o entidad en un determinado momento con un sistema protocolarizado y se sacan unos datos», dijo el alcalde, quien esgrimió que lo que han contratado con la UMH «es un informe económico y financiero sobre los datos publicados, sin poner en cuestión si son verdaderos o no» en el que «nos hace un análisis de lo que se ha llegado hasta ahí y nos da soluciones». Echávarri incidió también en que «lo hemos encargado a la UMH, no he contratado con 'El Bigotes' como hacía el PP». Esgrimió que se trata «de un documento que han hecho más de 50 ayuntamientos», sin concretar cuáles. La legislación impide a las administraciones locales pedir auditorías externas.
En cuanto a los motivos por los que este informe no se encargó al interventor, Echávarri esgrimió: «Porque es un informe económico independiente y en cierta medida se fiscaliza lo que han hecho los interventores de este ayuntamiento. No me voy a ir yo a fiscalizar a mí mismo. Y no hay más». Según el regidor, la cláusula únicamente impediría la Universidad revelar datos antes de que el Ayuntamiento los conociera o velar por datos de carácter personal. «Luego, con la autorización del Ayuntamiento, se podrá publicar donde sea y va a ser público», aseveró.
Incidió en que, al margen del informe, su intención de colgar «todo en la web» y aseveró que colgaría las partidas de los gastos a justificar de los concejales y alcaldes de este y el anterior mandato. En referencia al anterior mandato, del PP, asegura que hay ediles que han pasado tiques desde un euro a algunos de 522 por una comida para cuatro comensales, aunque no quiso especificar más hasta no colgarlo en la web «antes de final de año».
Sobre el hecho de que a los trece días de contratarse el informe ya dispusiera de datos que le llevaran a concluir que revelaba «sorpresas negativas» sobre la gestión, dijo que «hay datos que a las 13 horas ya los tenían». Al respecto, incidió en que «yo cojo un balance y puedo estar dos años en encontrar alguna anomalía, pero un Catedrático de Auditoría Pública, que lo ha hecho para muchísimos ayuntamientos, en dos horas puede hacer lo que yo no hago en dos años» y confirmó que dispone de información de que «hay cuestiones que no dejan al ayuntamiento en muy buen lugar».
