El equipo de gobierno de Alicante defendió ayer la legalidad de la auditoría sobre la gestión del PP al frente del Ayuntamiento, adjudicada a dedo -sin concurso previo- mediante un contrato menor a la Universidad Miguel Hernández (UMH). El tripartito, a través de la concejal de Hacienda, Sofía Morales, insistió en que no se trata de una auditoría como tal, sino de «un informe económico», y que en ningún momento se ha contravenido norma alguna. La ley impide a los ayuntamientos los contratos externos para realizar auditorías, sino que debe hacerlo la Intervención municipal.
El alcalde, Gabriel Echávarri, guardó silencio sobre este asunto y delegó la respuesta del equipo de gobierno en la edil de Hacienda, que se pronunció a través de un comunicado. Morales negó que el Ayuntamiento haya encargado «ninguna auditoría», sino que el objeto del contrato con la UMH es la elaboración de «un informe económico» a profesionales «de reconocido prestigio», añadiendo que existe «un convenio en vigor» con esa universidad. También sostuvo que el contrato «está supervisado por Intervención», que «en ningún momento» ha puesto en duda su legalidad. No obstante, la responsabilidad sobre el informe no ha recaído en la Intervención, sino que se ha encargado al jefe de Protocolo de la Alcaldía.
La concejal de Hacienda recordó que «hasta 2012, el anterior equipo de gobierno ha dejado facturas sin pagar para el siguiente ejercicio por un valor superior a 20 millones de euros cada año», y que, por ello, «el Ministerio de Hacienda intervino el Ayuntamiento y le impuso un severo plan de ajuste». También hizo hincapié en que el gobierno municipal del PP «destituyó al Interventor Habilitado Nacional porque no aceptaba avalar ciertas operaciones». Ésas son las razones por las que, según dijo, «el actual gobierno se plantea la necesidad de realizar un informe económico que saque a la luz las posibles operaciones no supervisadas por un Interventor Habilitado Nacional».
Morales explicó también que desde Alcaldía se entregó la semana pasada toda la documentación referida a este contrato al concejal del PP Carlos Castillo, incidiendo en que, en el pasado mandato, el edil «formaba parte del equipo de gobierno condenado por no facilitar documentación a la oposición». La concejal de Hacienda instó a este edil a que, si él «o cualquier otro de la oposición» cree que se está vulnerando la ley, hoy mismo «antes de las 15.00 horas interponga una demanda en los juzgados contra este equipo de gobierno». De lo contrario, aseveró, lo conminarán a que dimita. Además, requirió a Castillo a dejar de «utilizar a la Diputación para intentar bloquear la elaboración de este informe económico». También advirtió que interpondrán una queja al presidente de la institución provincial «por este comportamiento».
La concejal de Hacienda, en cambio, no hizo comentario alguno sobre aspectos tan controvertidos como las cláusulas de confidencialidad del contrato. Según se recoge en el documento, ninguno de los informes que emita la UMH a partir de los datos que le remita el Ayuntamiento podrán hacerse públicos sin su consentimiento expreso. Tampoco la universidad podrá dar a conocer la información que le facilite el consistorio.
Este periódico también quiso recabar la postura de los socios de gobierno del PSOE acerca de este asunto. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, defendió la actuación y recordó que «hacer un informe económico independiente era un compromiso político del equipo de gobierno». También consideró que la adjudicación sin concurso es correcta, «porque es un contrato menor».
En cuanto al vicealcalde y portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, este periódico trató de ponerse en contacto con él, pero no pudo localizarlo.
