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El Consell abandonará la sociedad que formó Blasco con Ortiz para construir miles de viviendas

La firma mixta del Ivvsa y el empresario alicantino proyectó la edificación del Plan Rabasa

El nuevo gobierno de la Generalitat ha decidido salir del accionariado de Tarea Promotora Valenciana, la empresa mixta que en el año 2004 impulsó el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, con el empresario alicantino Enrique Ortiz, para construir proyectos urbanísticos en Alicante, como 15.000 viviendas en Rabasa. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que desde 2013 asume la actividad del Ivvsa (la firma pública que empleó Blasco para formar sus sociedades mixtas), aprovechará la reducción de capital de la empresa que ha propuesto Ortiz y abandonará esta sociedad de la que aún ostenta el 49% de las participaciones.

De esta forma, como han destacado fuentes de la conselleria que ahora dirige María José Salvador, el Consell se desvincula de una empresa ruinosa -está en preconcurso de acreedores y desde 2012 no paga cuotas ni intereses hipotecarios de préstamos valorados en 17 millones de euros-, y es «consecuente» con su postura contraria al modelo urbanizador que Blasco quiso implantar en la Comunidad.

Tal como indicaban ayer las fuentes de la conselleria, entre 2004 y 2006 la Generalitat constituyó a través del Ivvsa 14 sociedades mixtas para desarrollar proyectos en suelo público. De estas 14 sociedades, la mayoría se han ido disolviendo por falta de recursos o la imposibilidad legal de poner en marcha sus planes urbanísticos.

En la actualidad la EIGE únicamente participa con otras empresas en cuatro sociedades: Tarea Promotora, la que forma con el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar el Plan Cabanyal-Canyamelar, Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas (de la que sólo tiene el 5% de las participaciones) y Desarrollos Urbanos. Esta última es la única en la que es Ivvsa es socio mayoritario (el 51%) y fue creada también por Blasco para desarrollar planes en municipios de Castellón.

De estos cuatro casos, el único del que la Generalitat quiere desvinculase de momento es el que comparte con el alicantino Enrique Ortiz, mientras que la situación de Desarrollos Urbanos «va a estudiarse», según señalaron las fuentes consultadas. La relación del Consell con Tarea Promotora Valenciana es especialmente sangrante, no sólo por la identidad del socio privado (Ortiz está imputado por varias piezas, entre ellas el caso Brugal y Gürtel) sino por la propia situación de la empresa. Constituida en mayo de 2004 para ejecutar un proyecto de 9.634 viviendas en Manises y posteriormente las viviendas del frustrado Plan Rabasa, nació con un capital de 600.000 euros de los cuales el constructor alicantino aportó el 51% de las participaciones y el Ivvsa el 49% restante. «Al ceder la mayoría del accionariado al socio privado, impedían que la intervención de la Generalitat Valenciana fiscalizara las cuentas», señalan técnicos de la conselleria.

Los dos grandes proyectos, uno en Alicante y otros en Valencia, nunca se llevaron a cabo y, según las fuentes, hace un par de años que la sociedad mixta está en causa legal de disolución y es totalmente insolvente. Desde 2012 no paga cuotas e intereses de tres préstamos hipotecarios que firmó con Bankia (ahora traspasados a la Sareb) por un valor total de 8,6 millones que sirvieron para financiar otros proyectos, como la construcción de un centenar de casas en Alicante. Tampoco hace frente a dos préstamos con Sabadell-CAM, el primero de 4,38 millones para una promoción en la zona de Garbinet en Alicante, y otro de 4,11 millones en el Mas del Rosari de Paterna (Valencia).

En Rabasa, la anulación del plan urbanístico -ya ratificada por el Tribunal Supremo durante este mismo año- acabó por frustrar las intenciones de Ortiz y Blasco, que hoy cumple seis años y medio de prisión por una de las piezas del caso Cooperación.

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