Los juzgados de toda la provincia de Alicante van a tener que revisar antes de junio más de 17.000 causas abiertas para evitar que prescriban ante la entrada en vigor el 6 de diciembre de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que, además de cambiar el nombre de los imputados por el de investigados, va poner límite a la duración de las investigaciones: seis meses para las causas sencillas y 18 para aquellas que revistan cierta complejidad.
Superado ese plazo, que empezará a contar para todo lo que ya se está investigando en diciembre, será necesario solicitar una prórroga del caso o, de lo contrario, habrá que cerrar la investigación. Un plazo que para jueces y fiscales es «insuficiente». «Si hay resultados de ADN que tardan un año, ¿cómo nos piden que se cierren los procesos en menos tiempo?», se queja un representante del ministerio público. La Fiscalía ha empezado la revisión antes de que entre en vigor la Ley para adelantar trabajo, pero está a la espera de recibir una instrucción sobre se va articular este sistema de plazos.
Para los colectivos de la Administración de Justicia los plazos se antojan insuficientes porque se pretende acelerar las investigaciones sin invertir ni un solo euro de más. Una macroinvestigación como el caso Brugal, que se dividió en hasta veinte piezas separadas, jamás se podría haber instruido en menos de año y medio como pretende ahora la nueva reforma.
Los juristas consultados por este diario coinciden en que uno de los principales escollos que cuentan los juzgados es la falta de peritos especialistas propios, en lugar de tener que recurrir a personal ajeno al juzgado. Tan sólo las causas por fraude fiscal tienen una cierta garantía porque se cuenta con el respaldo de los inspectores de la Agencia Tributaria. Tampoco es oro todo lo que reluce, ya que fuentes judiciales apuntan a que un juzgado de Alicante que lleva una macroinvestigación contra las redes chinas de blanqueo de capitales en la provincia aún no ha podido concretar el volumen de lo defraudado, dada la enorme cantidad de documentación intervenida y que aún hoy se estudia por Hacienda desde 2012.
El colectivo judicial ya ha expresado la inviabilidad de la medida en el congreso de jueces decano de España y a quienes ha sentado especialmente mal que se deje traslucir que son los jueces los responsables de la lentitud de la Justicia, cuando es un problema de falta de medios.
Por su parte, el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, apostó por potenciar la mediación en aquellos casos en los que es posible un acuerdo para liberar de trabajo al juzgado y que se centre en los casos relevantes. « Hace más de diez años todos decían que los juicios rápidos eran inviables y al final se han acabado celebrando con total normalidad», puntualiza personal de un juzgado de Instrucción de Alicante.
Aunque la medida acabe siendo eficaz y los casos se cerraran en seis meses, esto no supondrá para nada el fin de la lentitud de la Justicia. La lista de espera en Alicante para juicios no urgentes en juzgados de lo Penal llega a los dos años. Los casos ya cerrados y enviados a juicio no se podrán juzgar hasta el año 2017, un plazo que difícilmente se podrá reducir ya que el Gobierno mantiene paralizada la creación de nuevos juzgados por falta de dinero.
Todo apunta a que van a ser los fiscales a quien se les va a dar la labor de supervisar que todos estos plazos no se agoten. Las estimaciones apuntan a que en toda la provincia hay más de 17.000 causas abiertas mientras que la plantilla de fiscales apenas llega al centenar. Con el añadido de que en zonas como Torrevieja, una de las más saturadas de toda España, los fiscales deben controlar que se cumplen las ejecutorias de 3.800 sentencias del juzgado de lo Penal.
Entre los apartados positivos que resaltan jueces y fiscales de la nueva reforma está el que por fin se regulan los pinchazos telefónicos y los registros domiciliarios, una medida que venía siendo reclamada desde hace años.
