El desmadre urbanístico que sufrió Alicante durante el «boom» de la construcción, entre los años 2000 y 2007, ha terminado pasando factura con el aumento del riesgo de inundaciones en una provincia donde la superficie susceptible de quedar anegada en caso de lluvias torrenciales ha aumentado un 145% entre 2003 y 2015, según refleja la actualización del Plan Territorial contra las Inundaciones (Patricova). En total, Alicante ha pasado de contar con 42.645 hectáreas con riesgo de inundación en 2003 a las 104.461 hectáreas detectadas por los técnicos este año, un 10% del territorio.
Orihuela, con casi trece mil hectáreas amenazadas de quedar sumergidas en cuanto llueve torrencialmente. es el municipio más afectado. Durante los años del desarrollo del ladrillo se transformó mucho suelo para uso urbano-residencial, y en ocasiones se ocuparon espacios de riesgo como los barrancos que terminan vertiendo sus aguas al mar y donde la «gota fría» canaliza las tormentas. El tema es preocupante en los municipios costeros, donde se concentró la «burbuja» inmobiliaria.
Las áreas de mayor riesgo se concentran en el tramo bajo del Girona, en el sector de las Marinas de Dénia; el Arenal de Xábia; el saladar de Calp, el litoral norte de El Campello y Orihuela. En Alicante también quedan «puntos negros» por solucionar como las inundaciones en la avenida de Elche, o el final del barranco de San Blas junto a la estación del AVE. Por otro lado, al problema de la falta de colectores de pluviales se une el de la, a veces, poca dimensión de los de aguas residuales, como ocurre, por ejemplo, en buena parte de Torrevieja o en la avenida de Míriam Blasco de Alicante.
Para Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional y experto en clima, «es importante que la Administración admita el problema y haya facilitado por primera vez el dato. Lo que hay que hacer ahora, una vez conocidos los espacios de riesgo, es actuar y poner en marcha medidas correctoras». Olcina apuntó, en este sentido que «a partir de ahora lo que hay que lograr es que en todos los procesos de transformación urbanística se realicen mapas de riesgo tal como regula la Ley del Suelo de 2008».
La consellera Salvador sostiene que el nuevo Patricova «es un plan de naturaleza preventiva que regula el uso de zonas inundables y dirige las actividades del territorio hacia zonas no afectadas por riesgo». Respecto a las posibles actuaciones estructurales de protección, el plan propone un catálogo no vinculante, que se deberá desarrollar en el marco de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundaciones de las Demarcaciones Hidrográficas. Para María José Salvador, el Patricova resulta clave porque «la Comunidad Valenciana es el territorio español con mayor riesgo de inundaciones, ya que, más del 12% de la población vive en áreas susceptibles de ser inundadas».
El documento incorpora el riesgo geomorfológico producido por pequeños barrancos de cauces efímeros que tienen una alta peligrosidad y han sido los causantes de la mayor parte de las muertes por este riesgo en España, como sucedió, por ejemplo, en Finestrat hace uno años. La Comunidad Valenciana cuenta con más de 200 puntos de riesgo. Se ha mejorado de manera notable la cartografía de inundaciones de forma que aparecen todos los cauces de la Comunidad Valenciana, con lo cual se pueden resolver todas las situaciones de posibles riesgos, especialmente los barrancos con alta capacidad de generar daños a personas y bienes.
Gracias al avance de la precisión cartográfica y mejora del conocimiento del riego, el tiempo de resolución de los expedientes tramitados respecto a los estudios de inundabilidad se reduce a la mitad, con lo cual los agentes económicos y sociales tendrán muchos más datos fiables en cuanto fijar los plazos de sus inversiones.
El nuevo Patricova introduce la creación de infraestructura verde en la gestión de riesgo de inundación, tal y como exige la UE, que considera que para determinados casos es mucho más eficiente como instrumento de prevención y protección frente al riesgo que soluciones basadas en la obra civil.
