Es evidente que con 22,5 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Pero no, no hablamos de comprar una mansión frente al mar o una flota de cochazos ya que éste no sería el destino del dinero que el equipo de gobierno municipal ha de sacar de algún lado -un crédito previsiblemente- para hacer frente a las tres indemnizaciones millonarias con las que se ha encontrado en apenas un mes y que van a dejar al tripartito temblando para toda la legislatura. Baste decir que los 22,5 millones equivalen a lo que se ha destinado a inversiones en la ciudad en los últimos 4 años, o tres veces lo que se ha consignado en los últimos presupuestos a acción social.
Da igual que estas indemnizaciones tengan su origen en decisiones de ayuntamientos anteriores porque ahora es el equipo presidido por Gabriel Echávarri el que debe hacer frente al pago de un dinero que, por ejemplo, y al margen de la administración a la que le corresponda, daría para acabar de habilitar la antigua estación de Benalúa para albergar en condiciones Casa Mediterráneo con dos millones de euros, para finalizar el parque de Policía Local y de los Bomberos de la Condomina que se quedó a medias por falta de dinero, y para unas cuantas piscinas públicas como la que acaba de inaugurarse en la Vía Parque con cinco años de retraso y que ha costado alrededor de cinco millones de euros.
Las tres sentencias, lógicamente, han caído como un jarro de agua fría en el tripartito que ya se enfrentaba a un ayuntamiento lastrado por las deudas sin necesidad de comerse 22,5 millones en indemnizaciones. Por una parte están los 18 millones que debe pagar a Hansa Urbana tras perder el litigio que la empresa y el Ayuntamiento mantenían por las compensaciones urbanísticas del campo de golf. También tiene que abonar al menos 4 millones de euros por el traslado de la Torre Placia. Y, por si fuera poco, el viernes se daba a conocer a través de este diario que el Ayuntamiento ha sido condenado por el TSJ a pagar medio millón de euros por daños y perjuicios a la empresa Alavés Montajes a la que en 2009 debería haberle adjudicado el montaje de escenarios, sillas y mesas para las actividades festeras de la ciudad al haber presentado la oferta más barata.
Arcas públicas
Estos 22,5 millones suponen 67,7 euros por alicantino si tuviéramos que pagarlo directamente de nuestro bolsillo. No es así, pero las indemnizaciones salen igualmente de las arcas públicas. Con los presupuestos municipales de 2015 en la mano se evidencia la magnitud de las sanciones a las que ha de hacer frente el consistorio ya que en conjunto casi triplican el dinero que se destina a programas de actuación y ayudas sociales a los ciudadanos; un área que, con 8,7 millones de euros presupuestados este año, es de las que menos se han reducido ante la situación de extrema necesidad en la que se encuentran miles de Alicantinos a consecuencia de la crisis. Las indemnizaciones también equivalen a la cifra que el Ayuntamiento ha destinado este año a toda el área de Tráfico y Transportes (25,7 millones en los presupuestos) y es equiparable al presupuesto anual del Consorcio Provincial de Bomberos y casi cuatro veces superior al del Patronato de Turismo.
Siguiendo con los ejemplos concretos, con los 22,5 millones de las indemnizaciones ordenadas por los tribunales se podría construir más de seis parques como el de la Marjal, en la Playa de San Juan, o se podrían bajar a la mitad todas las tasas y precios públicos de la ciudad por las que el consistorio ingresa 40,6 millones al año.
Los 22,5 millones también ayudarían a sacar adelante hitos que llevan años sin realizarse como el palacio de congresos. O al menos la mitad, dado que el que proyectó Luis Díaz Alperi en Sangueta iba a costar unos 40 millones. Si el equipo de gobierno hubiera preferido atender a la periferia, hubiera podido multiplicar por cien el gasto previsto este año para alumbrado y asfaltado en las partidas rurales, o acabar las obras del paseo de la playa de San Juan.
Barreras
Con el Ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda que en la anterior legislatura tuvo que inyectar a las arcas municipales 75 millones de euros para pagar facturas pendientes y atender a los proveedores, el consistorio ha de controlar con cuentagotas cada euro del gasto, y estas sentencias judiciales lastrarán todavía más la legislatura según señaló el viernes el portavoz del equipo de gobierno, Nacho Bellido, al afirmar que «cada sentencia de este tipo es un impedimento más para hacer labores sociales, para hacer las políticas sociales que quiere este Ayuntamiento, y para diseñar un plan para esta ciudad de cara al futuro». En opinión del equipo de Gobierno municipal, «todo esto son barreras, son muros que nos ponen para construir un futuro digno para los alicantinos y las alicantinas, y desgraciadamente este saqueo que vamos viendo a través de las sentencias que nos van llegando, lo vamos a tener que pagar entre todas y todos», en alusión al anterior equipo de gobierno del PP al que el tripartito acusa de haber «saqueado las arcas municipales».
