El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha encargado un informe jurídico para determinar si Coepa ha incumplido el convenio por el que en su día se le cedió suelo municipal para construir un centro de oficios en Babel. En ese caso, la intención municipal pasa por rescindir el convenio, lo que conllevaría la recuperación del edificio por parte del Ayuntamiento. De forma paralela al informe jurídico, se reclama a la patronal que aporte los recibos de luz del último año, que determinarán si ha habido actividad o, como apuntan desde el equipo de gobierno, ha estado cerrado, algo que podría conllevar un incumplimiento del convenio.

El portavoz municipal, Natxo Bellido, comunicó esta decisión tras celebrarse la primera comisión para determinar si Coepa está cumpliendo con el convenio que firmó con el Ayuntamiento en 2001 por treinta años. El informe aclarará, entre otras cuestiones, «si la falta de mantenimiento de las instalaciones supondría un incumplimiento del convenio y qué pasaría si Coepa entra en liquidación», explicó Bellido, en referencia a la difícil situación económica de la patronal, a la que el Consell reclama una deuda de 3 millones de euros por el crédito que le concedió para la construcción del edificio en cuestión. Si el centro no se destina a formación, la patronal tendría que devolver las subvención europea recibida.

Bellido indica que a Coepa «se le reclama de buena fe» los recibos de luz del último año «para saber si ha habido actividad o no en el centro» y que deje acceder a las instalaciones a los técnicos municipales para que comprueben el estado de las instalaciones, facilitándoles «un inventario de lo que había inicialmente».

«Queremos saber qué pasará en caso de que no pague a las administraciones», indicó Bellido, quien incidió en que «no queremos perder los derechos porque el suelo es nuestro». Bellido incidió en que la intención del Ayuntamiento es que el edificio «esté en uso» y que de recuperarlo finalmente se destinará a formación, por ejemplo a través de la Agencia de Desarrollo Local. Por su parte, el PP insistió en la necesidad de valorar las consecuencias «económicas y jurídicas».