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El Consell quiere una red de alquiler social con 210.000 viviendas vacías de la provincia

La Generalitat contactará con los propietarios de los pisos, el 16% del total de inmuebles, para plantearles que los cedan a cambio de una renta

El Consell quiere una red de alquiler social con 210.000 viviendas vacías de la provincia

La consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, se ha propuesto como objetivo prioritario en esta legislatura la creación de una red social para facilitar el acceso a una vivienda a las personas que la han perdido por no poder pagar el préstamo o el alquiler. Para ello, los técnicos contactarán con los propietarios (entre ellos los bancos) de las 210.000 viviendas que hay vacías en la provincia de Alicante, y les ofrecerán la posibilidad de que las cedan en alquiler. Según el INE, los pisos vacíos son los que no se habitan ni un día al año.

La provincia de Alicante ha acumulado en los años más duros de la crisis (2008-2015) el 35% de las ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo en la Comunidad Valenciana con un total de 29.060 desahucios de viviendas, bien de primera ocupación, segunda residencia, promotores o inquilinos que dejaron de pagar la renta a los propietarios y fueron expulsados. Las cifras forman parte del informe de coyuntura del sector inmobiliario que maneja la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, como punto de partida para la elaboración de la Ley de la Función Social de la Vivienda.

La norma incluirá la elaboración de un censo con los pisos vacíos que hay en la Comunidad y serían susceptibles de ser alquilados personas sin hogar. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Alicante existen ahora mismo 210.000 viviendas vacías, de un total de 1.274.096 pisos; 738.367 son de primera ocupación y 326.705 turísticas (segunda residencia). En la ciudad de Alicante el 13% de las casas está sin ocupar, 23.500 de 181.000 casas.

La Generalitat se encuentra desbordada de cara a ejecutar el fallido plan de alquiler social que puso en marcha la exconsellera Isabel Bonig en diciembre de 2012 para ayudar a las familias que habían sido desahuciadas de su vivienda por el impago de la hipoteca o que estaban en situación límite por la falta de ingresos.

A punto de cumplirse tres años de la puesta en marcha del programa, los técnicos se encuentran sin capacidad de reacción ante las peticiones a través de los ayuntamientos, hasta el punto de que, en estos momentos, unas tres mil familias alicantinas están pendientes de que les entreguen un piso de alquiler, cuando sólo existen en oferta y para toda la Comunidad Valenciana un total de 625 viviendas.

Salvador constituyó esta semana el Consell Assesor de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge, órgano consultivo que dará soporte a los trabajos de elaboración y tramitación de la futura ley que proporcionará un nuevo marco jurídico a la vivienda como derecho.

Entre las novedades que introducirá esta nueva norma destaca la creación de un registro de demandantes de vivienda, así como de un registro de viviendas vacías y desocupadas de la Comunidad Valenciana para poder trabajar en una doble vertiente. Por un lado se creará el marco jurídico necesario para facilitar que las entidades financieras puedan aportar sus pisos vacíos y ofrecerlas en alquiler social y, por otro lado, tener una información detalla de las viviendas de particulares que quieran ponerlas en alquiler.

«Se trata que aquellas personas que hayan sido víctimas de un desahucio o que estén en una situación de vulnerabilidad y no puedan acceder a una vivienda en el mercado, y a las que desde las administraciones públicas podamos ofrecerles una red de viviendas en alquiler y garantizar el derecho a la vivienda como recoge el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos», subraya la consellera María José Salvador, titular de la política de Vivienda.

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