La denominada Renta Garantizada de Ciudadanía es una ayuda que, aunque escasa, supone el último recurso para muchas familias pobres. Pese al salvavidas que representa esta paga, actualmente hay miles de personas esperando para cobrarla, en algunos casos durante meses e incluso hasta un año. En concreto son casi 4.000 los expedientes por resolver que se acumulan en la Conselleria de Igualdad correspondientes a la provincia de Alicante, 14.000 en el conjunto de la Comunidad Valenciana.
Es la herencia recibida por la nueva consellera del ramo, Mónica Oltra, a la que ya ha prometido buscar una solución. «Estamos buscando la dotación y el personal necesario, reforzando la actual plantilla, para elaborar un plan de choque que permita hacer frente a este colapso», señalan desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. De hecho, añaden, «durante los meses de verano se ha pagado la renta de ciudadanía a 800 familias más de lo previsto, destinando un importe de 1,5 millones de euros».
Esta ayuda se otorga a todas aquellas personas que han agotado las ayudas por desempleo y los subsidios y que se encuentran en una situación de verdadera exclusión social. Su duración pude ir desde un mes hasta los 12 meses, renovables hasta tres años y la cuantía media ronda los 400 euros mensuales.
Constantes atrasos
Los impagos y los atrasos en el cobro de estas ayudas han sido una constante durante los últimos años de crisis, en los que se han acumulado las quejas a instituciones como el Síndic de Greuges. Y es que los problemas económicos del Consell crecían en paralelo al número de personas que podían optar a esta paga al haber agotado todas las prestaciones. De hecho, el verano pasado UGT denunciaba cómo 3.000 familias de la Comunidad con derecho a percibir esta ayuda se habían quedado sin cobrarla al agotarse el presupuesto.
Actualmente, y según datos aportados por la Conselleria de Igualdad, en la provincia de Alicante hay 5.360 titulares de estas rentas, que en total benefician a 8.352 personas, incluyendo al núcleo familiar del titular de las ayudas. En el conjunto de las tres provincias son 14.822 los titulares y 23.499 los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El cobro de esta ayuda está vinculado al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral. «El mayor problema a la hora de intentar cobrar este tipo de ayuda es lo engorroso que supone solicitarla», explica Isabel López, secretaria de Política Social e Igualdad del sindicato UGT.
Los beneficiarios «deben reclamarla a los ayuntamientos que mantienen convenio con la conselleria y son los consistorios los que adelantan el dinero a la espera de que el gobierno autonómico les pague». En los últimos años, añade López, «han sido muchos los ayuntamientos que se han descolgado de este convenio por los impagos». Las entidades locales deben realizar además la elaboración del Plan Familiar de Inserción y «recabar el compromiso de aceptación por parte de los destinatarios, así como supervisar el citado plan realizando el seguimiento y evaluación de los objetivos contemplados en el mismo», señalan desde la conselleria.
