La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar 18,4 millones de euros (más intereses) a la mercantil Hansa Urbana por un litigio urbanístico ha dado al traste con las inversiones y políticas que, como el rescate de contratas, pretendía llevar a cabo el tripartito. Ahora el equipo de gobierno tiene que replantear todo el presupuesto del año que viene para incluir la indemnización a la mercantil, que urge el pago.
«Nos va a matar», se lamentaba ayer la concejala de Hacienda, la socialista Sofía Morales, quien admitía que tendrán que incluir este gasto en el presupuesto de 2016, en el que ya estaban trabajando, y que ello descuadrará todas sus previsiones. El propio alcalde, Gabriel Echávarri, reconocía ayer la premura que reclama la mercantil para cobrar tras una década y media de trámites.
Aunque el desarrollo urbanístico de la zona de la Condomina comenzó su andadura de trámites a finales de los ochenta bajo los mandatos socialistas no fue hasta 1997, con el popular Luis Díaz Alperi, cuando se aprobó la reparcelación del plan parcial de La Condomina (con el voto en contra del PSOE y EU) obviando el cambio de ley que entró en vigor un año antes y que reducía del 15% al 10% el porcentaje de suelo a ceder por la urbanizadora para aprovechamientos al municipio. Hansa Urbana inició entonces su periplo en los tribunales para reclamar ese 5% de diferencia. Cuando logró la razón en el Supremo, el Ayuntamiento ya había vendido los terrenos y, ante la imposibilidad de compensarle con suelo, Hansa reclamó entonces 18,4 millones en los tribunales, que le vuelven a dar la razón.
Morales no descarta pedir un nuevo préstamo, aunque no es su deseo, y baraja la subida del impuesto del IAE para gravar a las grandes empresas (aquellas que facturan más de un millón de euros), pero ni siquiera estas medidas podrían amortiguar el impacto de los recortes en inversiones y otros gastos. La edil de Hacienda sostiene que, tras el varapalo judicial que se suma a los entre cuatro y ocho millones del coste que acarreará el conflicto de Torre Placia y los tres millones que deben habilitar el próximo año para subir el sueldo a los funcionarios les obliga a «replantearse» todo el presupuesto.
La edil sostiene que habilitar 18 millones de euros de gasto adicional (casi un 8% del actual presupuesto municipal, que es de 240 millones al año) compromete «todo lo que nos estábamos planteando», sobre todo teniendo en cuenta que el plan de ajuste les impide aumentar en más de un 1,8% los gastos el año que viene, incluso logrando una vía extraordinaria de ingresos.
Morles da «por olvidado» cancelar el rescate de 27 millones y admite que cuestiones como el rescate de contratas «se ven comprometidas». «Esto nos pone a años luz de recuperar nuestra libertad», agrega. Tiene claro que habilitar el pago de la sentencia acarrará «recortes» en otros gastos y apuntilla: «Nuestra prioridad es ahorrar en piedras y gastar en cuestiones sociales, por lo que vamos a ver qué quitamos para que los ciudadanos no lo sufran directamente». De esta manera, indica que las inversiones serán las grandes sacrificadas, aunque admite que otros gastos también pueden verse afectados.
Para obtener más liquidez, Morales manifiesta su postura «absolutamente en contra de subir los impuestos» que afecten de manera generalizada los ciudadanos. Únicamente se plantea hacerlo en el caso del IAE.
La edil se reunió ayer con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para reclamar la deuda de 5,3 millones de euros que el Consell debe al Ayuntamiento por impagos de impuestos (de las viviendas que tiene la administración autonómica en la ciudad) y subvenciones para sufragar gastos sociales.
