La empresa que gestiona la limpieza, UTE Alicante, ha reconocido las deficiencias que los vecinos y el propio Ayuntamiento vienen denunciando y ha accedido a aplicar un plan de choque sin coste adicional para las arcas municipales, que ya desembolsan una media de 35 millones al año por la contrata de limpieza y recogida de residuos urbanos. El plan para este refuerzo intensivo de la limpieza se presentará en 15 días junto a un proyecto para reorganizar todo el servicio a medio plazo con el objetivo de mejorarlo en las zonas más castigadas y mantener limpia la ciudad en los seis años que quedan de concesión. Una remodelación que tampoco conllevará un desembolso adicional.

Ese es el resultado de la reunión mantenida ayer por directivos de la UTE (FCC, Cespa-Ferrovial y Cívica, esta última de Enrique Ortiz) con el equipo de gobierno y la oposición. La decisión de la empresa se produce después de que el Ayuntamiento comenzara a imponer multas por incumplimientos del pliego de condiciones, de que el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, acusara a la mercantil de mantener un pulso y de que el alcalde, Gabriel Echávarri, amenazara con llevar a los tribunales a la mercantil para conseguir la rescisión del contrato.

Tras la tensión de las últimas semanas, ayer el tono se rebajó considerablemente, como coincidieron al apuntar desde el equipo de gobierno y la propia mercantil. «Las mercantiles han reconocido que la ciudad tiene un problema grave de limpieza y se han comprometido a la presentación de un plan intensivo junto a un plan de actuación continua», explicaron desde el Ayuntamiento. Desde la mercantil confirmaron su compromiso de presentar sendos planes en 15 días.

Ni desde el equipo de gobierno ni desde la UTE avanzaron los detalles del plan de choque y de la posterior reorganización del servicio, aludiendo a que se trabajará en ello para presentarlos en una reunión el 15 de octubre. El edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, sí aludió a que la entre las deficiencias detectadas está «una mala organización del trabajo y de redistribución de los recursos, por lo que nos presentarán un plan para mejorarlo a medio plazo, con más servicios en zonas debilitadas, y nuestros técnicos lo estudiarán».

Domínguez afirmó que «la UTE ha reconocido las deficiencias de limpieza y que la ciudad no está limpia». Explicó que «también se ha puesto sobre la mesa los problemas de comunicación», que ambas partes se han comprometido a subsanar, y «han admitido cierta pasividad por su parte a la hora de poner soluciones, a la vez que han negado pulso alguno». El portavoz municipal, Natxo Bellido, destacó que la empresa accedió a no reclamar un coste adicional al entender que «no es un problema económico» y que «su voluntad es mejorar la imagen y calidad del servicio».

En cuanto a las multas por incumplimientos del pliego, Domínguez indicó que se mantendrán «pero las dos partes estamos de acuerdo en que con ellas no se soluciona la situación».