Enésimo voto de confianza. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, fue el encargado ayer de apagar el incendio que habían provocado el propio Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Júcar al fijar nuevos recortes de agua para la provincia en el plan de cuenca del río, asegurando a la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó que el Gobierno mantiene el compromiso de trasvasar a la provincia 12 hm3 de agua potable desde el pantano de Alarcón. Una transferencia que sigue sin convenio regulador ni fecha, y cuenta con la oposición de los agricultores de la Acequia Real del Júcar, pero que el Ministerio de Agricultura mantiene a falta del visto bueno del Ministerio de Hacienda. Andrés Martínez, presidente de la Junta Central, apuntó, en este sentido, y tras una reunión de más de dos horas en el Ministerio, que la propia directora general del Agua, Liliana Ardiles, les había trasladado, incluso, que no tenía constancia oficial de la ruptura unilateral del acuerdo por los regantes valencianos. El convenio se mantiene pero tampoco se sabe cuándo llegara el agua potable a la provincia. «Queremos creerle porque nos han dejado muy claro que ha sido la propia ministra Isabel García Tejerina, la que ha ordenado que el convenio siga adelante y pueda llegar agua desde Alarcón. Un trasvase que no perjudica en nada a Valencia, de ahí nuestra sorpresa por la reacción de nuestros compañeros de la Acequia Real», subrayó Martínez, que hoy se encontrará frente a frente con ellos en la asamblea de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes».

Tras el encuentro de ayer en Madrid, los regantes alicantinos han aparcado su intención de demandar al Ejecutivo central en Bruselas por el cambio del proyecto del Júcar-Vinalopó, que hubiera llevado a la devolución de la subvención de 120 millones de euros que recibió el Ministerio para construir el trasvase. Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Saavedra, se comprometió también a corregir el texto del nuevo plan hidrológico del Júcar, en el que se recorta un 75% el uso del caudal subterráneo en la provincia limitándolo a 48 hm3 al año. «Nos ha asegurado que esa cifra se va a suavizar hasta que el Júcar-Vinalopó cumpla su función de forma efectiva y se pueda dejar de extraer agua de los pozos», explicó Martínez, quien estuvo acompañado en Madrid por dos de los hombres fuertes de la Junta Central, Francisco Santiago y Ángel Urbina. «También nos han prometido que tratarán de asegurar blanco sobre negro que el trasvase será de 80 hm3».

«La asignación del Júcar-Vinalopó de hasta 80 hm3 tiene que ser una asignación real y no una entelequia imposible de cumplir. La mayor parte de estos 80 hm3 deben de asignarse directamente de los recursos que ya se han generado en los ahorros de las obras de modernización que estamos pagando todos los españoles, comprometidos en el plan de cuenca del 98», reiteró Martínez. «No se puede limitar la sustitución de recursos a los consumos de los últimos años».

Según los agricultores, el recorte del 75% en el agua que se puede extraer de los acuíferos acarrearía la desaparición de 52.000 hectáreas de cultivos, la pérdida directa de más de 30.000 puestos de trabajo directos, 250 millones de euros de rentabilidad agrícola anual y la puesta en duda del abastecimiento para más de 300.000 habitantes en la comarcas del Vinalopó.

Por su parte, el exconseller de de Agricultura, José Císcar, señaló que «el Partido Popular defenderá el Júcar-Vinalopó, porque la provincia de Alicante lo necesita. Lo defendemos porque es un trasvase necesario, porque soluciona un problema grave y porque es una buena opción para los regantes de uno y otro río». Císcar recordó que Alicante tiene «un gravísimo problema de escasez de agua y de sobreexplotación de acuíferos, y el Consell debe defender a los regantes porque más de un millón de personas y 50.000 hectáreas dependen de ese trasvase». El exconseller añadió que «existe un planteamiento impulsado por el Ministerio de Agricultura y apoyado por el Consell del PP y los regantes de ambas provincias que garantiza un buen acuerdo». Acuerdo que su Consell no logró que se firmara.