La Conselleria de Vivienda y Vertebración del Territorio se ha encontrado con una desagradable sorpresa en el inicio de la legislatura. Setecientas viviendas del parque público de pisos de la Generalitat no pueden cederse a los colectivos necesitados debido a su mal estado de conservación, lo que impide poder utilizarse, y obliga a poner en marcha una inversión millonaria. Ahora no hay fondos para ello, por lo que su rehabilitación tendrá que hasta los presupuestos de 2016. Mientras, los técnicos trabajan en las medidas que habrá que tomar.
En Alicante, la situación comienza a ser alarmante porque acoge las 205 viviendas que necesitan mejoras para poder volver a ser «habitables». De esta cifra 154 se encuentran en proceso de rehabilitación y 51 se localizan en bloques en muy mal estado, hasta el punto de los técnicos deben decidir qué hacer con los mismos, y no se descarta ni su demolición.
Según los datos de la Conselleria, casi tres mil familias (2.972) componen la lista de espera para acceder a una vivienda social en la provincia de Alicante. Salvador denuncia que el anterior Consell dejó la política de vivienda en manos de los mercados, mientras que la Administración y el parque público de viviendas quedaba en un lugar residual. «Es el momento de estimular la economía mediante la rehabilitación y actuando directamente sobre la ciudad consolidada para hacer más accesibles las viviendas», subraya la titular de Urbanismo.
La falta de viviendas lastra, por otro lado, el plan para combatir los desahucios. Después de haber entregado unas 250 viviendas correspondientes al parque inmueble del Consell, los técnicos se encuentran desbordados por las peticiones que llegan día tras día a través de los ayuntamientos, hasta el punto de que, en estos momentos, cerca de tres mil familias alicantinas siguen pendientes de que les entreguen un piso de alquiler. Cifra que adquieren mayor gravedad y trascendencia tras conocerse el dato que maneja la nueva consellera de Vivienda, María José Salvador, que se ha encontrado con que 700 pisos de parque público no reúnen condiciones para ser habitadas
Aproximadamente, el 30% de los pisos habilitados hace dos años para el alquiler fue a parar a personas víctimas de un desahucio. En total, de las 233 viviendas entregadas, en 66 viven inquilinos que perdieron su propiedad al no poder pagar la hipoteca y se encontraban prácticamente en situación de desamparo. El Consell tenía firmados convenios con 14 municipios. Castellón, Monóvar, Sagunto, Paterna, Alcoy, Vall dUixó, Burriana, El Campello, Carcaixent, Sax, Bétera, Chiva, Requena y Manises.
El Consell también maneja otra bolsa de 300 viviendas cedidas por Bankia dirigidas a la entrega en alquiler por un máximo de 200 euros al mes. Estos pisos, cuya titularidad conserva el banco, se incorporaron al parque público de la Generalitat. Son gestionadas por la Red Alquila quien realiza las labores de mediación. Bankia bonifica hasta un 50% el alquiler durante los primeros cinco años de contrato, y tres si cambia la legislación. La bonificación llega a la mitad de la renta del inquilino durante el primer y el segundo año de alquiler, mientras el tercer año se situará en el 40% el cuarto en el 30% y el último, en el 20%. Además, el banco tiene que adecuar las viviendas para que cumplan con los criterios de habitabilidad antes de la entrada de los inquilinos, algo que está frena la agilidad de las entregas. Las condiciones para acceder a este arrendamiento son haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, estar en proceso de reclamación judicial, o en riesgo de exclusión social.
