El gobierno tripartito que dirige desde hace cuatro meses el Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) ha empezado a sancionar a la concesionaria de la limpieza y recogida de basuras, una unión temporal de empresas participada por el empresario Enrique Ortiz, por incumplimientos en el servicio que se reflejan en una ciudad que siguen viendo sucia pese a que este año se les va a pagar 34 millones de euros y 38 millones a partir de 2016.
De momento son cinco los expedientes abiertos, de los que dos han concluido con sendas multas de 1.600 euros y otros tres se siguen tramitando. «Son expedientes por falta de barrido en las calles o de recogida de contenedores. Los dos que ya son firmes vienen de antes, de la anterior legislatura, y se han cerrado con sanción, algo que antes no se aplicaba», aseguró ayer el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, que adelantó que desde el 1 de noviembre se realizará un seguimiento con lupa de la contrata. «O se cumple a rajatabla el pliego de condiciones o habrá más sanciones», afirmó el edil.
El descontento con la limpieza de la ciudad se abordó también en la comparecencia de los portavoces del tripartito para hacer balance de los primeros cien días de gobierno. El vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, fue el único en realizar autocrítica y dijo no estar satisfecho con la imagen que ofrece Alicante. «No estamos consiguiendo que la ciudad esté lo limpia que debería estar», afirmó, acusando directamente a la UTE de mantener una actitud «completamente negativa, con una «escasa o nula voluntad» de mejorar el servicio. «La empresa mantiene que si queremos una ciudad limpia tenemos que pagar más y el Ayuntamiento mantiene que no, que la ciudad debe estar limpia con la cantidad actual. Es un pulso interminable, a ver quién aguanta más». El vicealcalde reiteró la inmediata puesta en marcha de una brigada de inspectores con libertad absoluta para vigilar el estricto cumplimiento del servicio de limpieza, en coordinación con la Policía Local, que sancionará la dejación de funciones.
En estos primeros cien días de gobierno, el tripartito afirma haber cursado numerosas órdenes de trabajo para que se limpiaran especialmente zonas degradadas y la periferia, pese a lo cual Pavón reconoce que urgen actuaciones de choque en los meses más calurosos ante las numerosas quejas de ciudadanos (unas 20 semanales) sobre el servicio, basado en un pliego que «nosotros jamás habríamos aprobado, pero que trataremos de que se cumpla a rajatabla». El tripartito lamentó la obligación de mantener una contrata por 38 millones anuales blindada por ocho años por el anterior equipo de gobierno, de los que quedan seis, y que no pueden rescindir por el lucro cesante que supondría para las arcas municipales.
El gobierno local espera que la actitud «lamentable» de la concesionaria cambie. El día 30 asistirán a una reunión con la UTE el alcalde, Gabriel Echávarri, el vicealcalde Pavón y el portavoz del gobierno, Natxo Bellido. La empresa, por su parte, prefirió guardar silencio sobre el presunto pulso y prefirió no hacer declaraciones.
