La campaña del Consell contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos y la competencia desleal ha sacado a la luz 3.895 plazas nuevas en la provincia, la mitad de toda la Comunidad Valenciana.
La Agencia Valenciana de Turismo (AVT), en colaboración con las agencias Tributaria y de Seguridad, puso en marcha esta iniciativa contra la oferta no reglada el pasado mes de julio en 16 poblaciones turísticas de la Comunidad, seis de ellas en la provincia.
Inspectores de turismo acompañados por agentes de la Policía de la Generalitat han inspeccionado durante dos meses, hasta el pasado 15 de septiembre, 739 viviendas en Benidorm, Torrevieja, El Campello, Dénia, Calp y Teulada-Moraira.
De estas inspecciones, la AVT ha abierto apenas una decena de actas porque la mayoría las han subsanado los dueños y empresas que gestionan los alojamientos en zonas turísticas.
Y es que esas visitas, según informaron ayer fuentes de la Agencia de Turismo, han tenido más un carácter informativo que sancionador, para dar a conocer tanto a los particulares como a las empresas que deben adaptarse a la normativa. «Se trata de comunicar a todo aquel que ofrece apartamentos de manera irregular que debe legalizar la situación», explicaron las mismas fuentes, que añadieron que se han dado casos de propietarios «que desconocen que deben hacerlo, y por ello no es necesario sancionar».
Tras la campaña realizada, 754 viviendas nuevas se han dado de alta en la provincia, que traducido en plazas alcanza las 3.895, frente a las 8.000 de toda la Comunidad Valenciana.
Además de en las seis localidades de la provincia, se han establecido inspecciones en los municipios valencianos de Gandia, Tavernes, Bellreguard, Miramar y Oliva y en Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Alcosebre, Oropesa y Benicàssim, en Castellón.
La AVT valora «positivamente» la campaña, que continuará pero sin registros, porque ha permitido que «un flujo importante de gente legalice su situación» sin necesidad de tener que efectuar sanciones.
La ley 3/1998 de Turismo contempla el intrusismo como una infracción muy grave cuando se ejerce una actividad turística sin haber comunicado su inicio legalmente.
