El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante sigue sin rescatar ni licitar tres polémicas contratas caducadas, dos de ellas bajo investigación judicial, por las que cada mes deben aprobarse reconocimientos extrajudiciales de crédito un procedimiento criticado por la Sindicatura de Cuentas y por los grupos de la oposición en el anterior mandato para pagar por que estos servicios se sigan prestando al margen de la contrata. De esta manera, la Junta de Gobierno Local acordó ayer pagar a Enrique Ortiz 746.000 euros por la limpieza de colegios y dependencias municipales del mes de julio (ya se aprobó un primer pago por la primera quincena de junio) y otros 30.700 por el mantenimiento del cementerio durante ese mes (también se acordó un pago similar con anterioridad). A ello se suman otros 378.200 euros a Isjoma por el suministro de sillas para actos festeros desde que en mayo caducara el servicio. En total, más de un millón de euros.
Aunque estos contratos están caducados, en la práctica es cómo si siguieran prorrogados porque siguen prestándose por los anteriores adjudicatarios a la espera de que se licite un nuevo contrato o se municipalice, como es la intención del tripartito. El principal escollo para el rescate de las contratas son las restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda que impiden aumentar el gasto corriente y en personal.
Para salvarlo, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, indica que se baraja la creación de una sociedad pública que permita asumir el personal de las contratas. En cualquier caso, sostiene que siguen a la espera de los informes del área de Hacienda y Recursos Humanos para conocer si es viable el rescate de los servicios y supone un ahorro. Además, tienen pendiente una reunión con el ministerio para renegociar las condiciones del rescate del Ayuntamiento.
«En una semana tenemos que tomar una decisión, porque no se puede mantener esta situación de excepcionalidad», sostiene Bellido. En el caso del contrato de suministro de infraestructuras festivas, el portavoz del tripartito señala que ya han solicitado presupuesto para valorar la posibilidad de comprar 5.000 sillas y que las brigadas municipales asuman este servicio, que ha venido costando 817.000 euros al año.
Por otro lado, la Junta de Gobierno rechazó ayer el recurso presentado por UGT en contra del recorte del 5% del complemento de productividad de parte de los funcionarios correspondiente a junio de 2010, como señaló Bellido.
En cuanto a las obras para finalizar el Observatorio de Medio Ambiente de la Gran Vía, la empresa que resultó adjudicataria tras desestimar la baja temeraria presentada por Ortiz, ha renunciado a los trabajos. Ahora se adjudicarán a la tercera empresa del ránking, después de que Coinger haya presentado su renuncia al no ver garantizado poder acabarlas en plazo. Las obras deben acabarse este año para no perder la subvención europea de 800.000 euros que recibió el proyecto.
