El Ministerio de Hacienda replicó ayer al Ayuntamiento de Alicante que, en contra de las afirmaciones de su edil Sofía Morales, no habrá un nuevo aumento del 10% en los valores catastrales en el año 2016. Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro recordaron que si bien en los dos últimos años estos valores han ido actualizándose a petición del anterior equipo de gobierno, de cara al próximo año no se ha solicitado y no se subirán.

El ministerio sale así al paso de las declaraciones de la concejal de Hacienda, Sofía Morales, que aseguraba que, pese a no solicitar la subida de los valores catastrales para el próximo año, el Gobierno les había comunicado su intención de incrementarlos otro 10% de manera «obligatoria» en 2016. Una subida que, aunque al principio dudó poder compensar, después aseguró que se amortiguaría con una reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles para que no tuviera repercusión sobre el importe de los recibos, como había venido haciendo el gobierno anterior.

Ante esta afirmación, fuentes del Ministerio de Hacienda se pusieron ayer en contacto con este diario para contradecir a la edil asegurando que el Ayuntamiento de Alicante «no ha pedido la actualización» de los valores de cara a 2016 y que «no está previsto subirlos» porque, esgrimieron, «no es obligatorio». Al tiempo, recuerdan que la última revisión catastral de los inmuebles de la ciudad se realizó en 1996. Destacan que en el año 2014, a petición del Ayuntamiento, esos valores se actualizaron en un 10% y que en 2015 volvieron a incrementarse en otro 10% sobre lo anterior. En caso de 2016, inciden en que «no está previsto subirlos».

Los valores catastrales sirven de base para calcular el IBI y otros impuestos como las Plusvalías. El anterior equipo de gobierno venía reduciendo la otra variable, el tipo impositivo, en el caso del IBI para que no se notara en los recibos.

Mesa de contratación

Por otro lado, los grupos de la oposición, del PP y Ciudadanos, denunciaron ayer que el equipo de gobierno decidiera adelantar sin previo aviso una mesa de contratación del Patronato de la Vivienda, lo que impidió que los representantes de la oposición participaran en ella. El tripartito se vio obligado a rectificar y a convocar una nueva reunión hoy.