La elevada deuda que aún arrastran las entidades locales de la provincia se ha convertido en un lastre para los ayuntamientos. Tanto, que el pasado año los 141 consistorios alicantinos y la Diputación destinaron en su conjunto un total de 363,2 millones para cumplir con las entidades financieras y el Gobierno. De acuerdo con la liquidación provisional de los presupuestos de 2014, los ayuntamientos reconocieron obligaciones por 314,3 millones para amortizar sus préstamos y otros 48,9 millones para el pago de intereses.
La cifra es netamente superior a la que se registró un año antes. En 2013, con la crisis sacudiendo todavía los cimientos de las corporaciones locales, éstas destinaron 282,7 millones para reducir su endeudamiento y para gastos financieros. 31,6 millones menos que en 2014.
La carga financiera obedece a dos motivos. El primero, la deuda con las entidades financieras. Aun cuando la situación económica de la provincia era boyante, un elevado número de corporaciones decidieron tocar a la puerta de bancos y cajas de ahorro para poder impulsar proyectos en sus términos municipales. Polideportivos, piscinas, edificios para mejorar los servicios a la ciudadanía, instalaciones culturales... El grifo del crédito estaba abierto y los alcaldes no dudaron en recurrir a él.
Pero entonces llegó la crisis. La burbuja inmobiliaria se hizo pedazos y los ingresos ligados al ladrillo sufrieron un retroceso considerable. El Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas urbanísticas dejaron de ser un maná económico y los consistorios se vieron obligados a acometer recortes. No les quedaba otra para poder cuadrar las cuentas.
Y en 2012, con la preocupación instalada en más de una concejalía de Hacienda de la provincia, el Gobierno central salió al rescate. Impulsó varios mecanismos de ayuda a las administraciones públicas y amplió de 5 a 10 años el plazo para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (en 2014 lo elevó a 20 años). En definitiva, permitió que más de una corporación sobreviviera a nivel financiero.
Pero si hubo una iniciativa que auxilió realmente a los ayuntamientos, ésa fue el plan de pago a proveedores. Con el crédito bancario prácticamente cerrado, el Ministerio de Hacienda habilitó una línea de préstamos con bajos intereses para que las entidades locales abonaran sus facturas pendientes con las empresas. Y ahora, la deuda municipal se reparte entre las entidades financieras y el Gobierno.
