Bruselas manda. La directiva marco del Agua 2000/60/CE (artículo 9) frustra, de momento, la estrategia planteada, primero por el Consell y después por el Gobierno central, para convencer a los agricultores de que recurran al agua desalada para sus regadíos. La subvención del precio de ese tipo de caudales está prohibida por la Unión Europea, la misma que ayudó a construir la infraestructura pero que desestima que el agua producida pueda tener ayudas. La directiva en vigor exige la recuperación integral de los costes vía tarifa que pagan los usuarios.
Esto resulta imposible para los agricultores, que no pueden asumir la tarifa de un agua que sale de unas plantas diseñadas en 2007, en plena borrachera inmobiliaria y cuyos estudios sobre previsiones futuras de consumo urbano se quedaron sin valor, como subraya en un informe el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió ayer que va a tratar «si se puede» de abaratar el precio del agua desalada. El jefe del Ejecutivo que ha acabado siguiendo la política de Rodríguez Zapatero en cuanto al agua, conoce la complejidad del asunto.
El Tajo-Segura garantiza el suministro de agua para riego de unas 135.000 hectáreas de regadíos intensivos de hortalizas, cítricos y frutales de primor cuyas producciones se dedican en su mayoría a la exportación, de aquí que un cierre o disminución de las aportaciones desde el Tajo será letal, no sólo para Alicante y Murcia sino para el conjunto de la economía nacional.
Según el informe del Instituto que dirige el catedrático Antonio Rico, el coste real de la desalación con repercusión íntegra de los costes a los usuarios del agua es de 0,90 a 1 euros/m3. El consumo de electricidad, a pesar de las mejoras aplicadas en recuperadores energéticos, oscila de 3,5 a 4,5 kWh/m3, y en algunas plantas se acerca a cinco. La desalación, según Rico, puede servir como un complemento para suministro urbano en situaciones de sequía, pero de momento no es una fuente ordinaria. «Los cargos políticos que piensan que la UE subvencionará el agua desalinizada para que la puedan pagar los agricultores demuestran ignorancia en el funcionamiento de la UE y en el cumplimiento de la propia directiva marco del Agua, que obliga a recuperar íntegramente todos los costes. Dicho de otra forma, por el agua hay que pagar lo que cuesta de producir, y lo que cuesta de amortizar las obras. Se paga todo».
Por otro lado, la propia empresa pública Acuamed, creada por el Gobierno, entonces del PSOE, para construir las desaladoras, equivocó sus cálculos y ahora se encuentra con que las cuentas no salen. Primero porque los informes se realizaron en 2007, año en el que nadie preveía la catástrofe económica que supuso la explosión de la burbuja inmobiliaria, lo que ha hecho que las plantas terminadas funcionen al 50% de su capacidad porque no hay demanda. «Y en segundo lugar, porque los precios se han disparado como lo demuestra la planta de Mutxamel, que fue diseñada para producir agua a 0,68 euros/m3 y hoy no baja del euro, tarifa impensable para los agricultores», subraya Antonio Rico.
El catedrático de Geografía explica que «los sistemas de suministro del Taibilla para abastecimiento, y del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, para riego, dependen por entero del agua del Tajo. Si el consumo de energía de la desalinización es de 3,5 a 4,5 kWh/m3, el gasto de electricidad del trasvase es de 1,1 kh/m3. Es mucho menor. El coste real de la desalinización es de 0,9 a 1 euros/m3, mientras que el agua del Tajo para regar 0,09 euros/m3. Es decir, el agua desalinizada cuesta 10 veces más que el agua del Tajo».
