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La morosidad asfixia en la provincia a las comunidades de propietarios al dispararse a 85 millones en 2 años

Los impagos en Alicante superan la media nacional y las reclamaciones colapsan los juzgados

En dinero adeudado, las comunidades de propietarios de la provincia se sitúan en el cuarto lugar de España con 85,3 millones, y porcentualmente también están por encima de la media. héctor fuentes

Morosos que por la crisis no pueden hacer frente a las cuotas, entidades financieras que no las pagan y «profesionales» que pudiendo estar al corriente puesto que disponen de recursos tampoco hacen frente a sus obligaciones. Todo esto dispara la deuda de las comunidades de propietarios en la provincia de Alicante hasta los 85,32 millones de euros, un 21% más que hace dos años, convirtiéndose en la cuarta de España en dinero impagado, sólo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, según el estudio global sobre morosidad promovido por el observatorio de las comunidades de propietarios.

Este informe se ha confeccionado a base de encuestas entre administradores de fincas colegiados y presidentes de comunidades de propietarios. Está avalado por los colegios profesionales, y alerta de la elevadísima deuda de los bancos, puesto que la cuarta parte de lo que se debe procede de pisos de entidades financieras, pese a que los balances de diversos bancos hechos públicos esta semana revelan un importante incremento de beneficios frente a años anteriores. El informe también pone el acento en el lastre que la falta de liquidez supone para el mantenimiento correcto de los edificios puesto que el 41% no pueden afrontar gastos de rehabilitación.

El incremento de la morosidad el último año en la provincia está lejos del 9,7% de Castellón, o del 11,50% de Ceuta, pero supera en más de dos puntos la media española, que se sitúa en un 3,1%, con una deuda global de 1.854 millones. Los morosos alicantinos bloquean los tribunales puesto que las demandas que se siguen presentando por impago de cuotas son muy elevadas, como explica Eliseo Mogica, presidente del Colegio Provincial de Administradores de Fincas. «En los juzgados se acumulan las reclamaciones de manera ingente. Tenemos en la provincia el juzgado 5 de Elche, uno de los más colapsados de España, y las reclamaciones de cuotas suponen un número elevado de demandas». Como ejemplo, asegura que en su despacho antes entraban unas quince de reclamaciones al año, y ahora superan las 150. «El porcentaje se ha incrementado de forma exponencial, no damos crédito al volumen de reclamaciones judiciales», dijo.

Aunque las cantidades que se demandan no suelen ser muy altas, es habitual, según denuncia el presidente de los administradores de fincas, que haya entre un 10% y un 15% de impagos, una morosidad que califica de «muy elevada» y que bloquea el funcionamiento de una comunidad de propietarios. Incluso citó casos donde se adeudan 5.000 euros de un presupuesto de 15.000 euros anuales, lo que supone un 33% del presupuesto de gastos ordinarios. «Eso es una barbaridad y una salvajada. Cualquier empresa, con un 5% de impagados, tiembla». Sólo un 30% de la deuda se abona en fase amistosa, y el período medio de cobro de las comunidades de vecinos morosos es 169 días. En las que tienen administradores de fincas, el porcentaje que acaba en los tribunales es menor porque hay negociación previa para comprometer el pago de la cuota. «Insistimos hasta la saciedad para que se pongan al corriente en estas gestiones prejudiciales».

En la provincia de Alicante más del 50% de los morosos están en la costa. Esta falta de dinero obliga a suspender servicios como piscinas y jardinería, y a reducir el mantenimiento a la mínima expresión. En el litoral hay muchas fincas con urbanizaciones, que tienen elevadas cuotas de hasta 200 euros el trimestre. «Cuanto más altas son las cuotas, las dificultades para hacerles frente es mayor. Las fincas que no tienen ascensor lo tienen mejor porque la cantidad es mucho más reducida».

Otro problema es la morosidad creciente de las entidades bancarias propietarias de pisos que no pagan la comunidad. En el último año ha crecido un 5% y en la provincia supone 19 millones de euros, lo que representa ya el 22,3% del total. Mogica calificó de «vergonzante» esta situación». «No tienen justificación que la política general sea retrasar al máximo el pago de las deudas de aquellas fincas que se adjudican. Y en comunidades con sólo una o dos viviendas con titularidad de una entidad financiera se puede llevar, pero hay fincas con un 50% de pisos de bancos que no pagan, y esto bloquea el funcionamiento».

La situación dificulta la rehabilitación de viviendas, lo que podría suponer una oportunidad de crecimiento de la actividad económica, dado que en España la mitad de los edificios tienen más de 30 años. Los problemas para el cobro de las cuotas ahoga la liquidez de las comunidades, y ahora mismo, el 41% de los propietarios no podrían asumir ningún coste extraordinario de rehabilitación, lo que, según los colegiados, hace necesario un esquema de subvenciones públicas adecuado, con créditos a bajo interés. «Hoy en día es imposible una derrama, se hace el mínimo mantenimiento, se paga la luz y punto. Sólo se hace en los casos extremos, y porque haya algún peligro». Esto empeora el parque de viviendas y frena una «industria» que podría generar gran movimiento.

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