El bolsillo de los alicantinos no tendrá que soportar en 2016 una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) después de cuatro años consecutivos de incremento del recibo en aplicación de la subida de los valores catastrales de Alicante en un 10% anual que aprobó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así lo anunció ayer el alcalde, Gabriel Echávarri, cabeza visible del tripartito de izquierdas, que tira por tierra una medida, la de la subida de los valores catastrales y con ello del recibo, prevista para diez años con el fin de aumentar la recaudación de las vacías arcas municipales.
Alicante se suma así a Benidorm, que también ha acordado congelar la subida de valores catastrales y con ello el IBI. El Ayuntamiento alicantino acordó la subida del 10% de los valores catastrales cada año para aumentar los ingresos y poder hacer frente a su voluminosa deuda financiera. Estaba previsto que la medida se mantuviera al menos durante ocho años consecutivos más, tras comprometerse el anterior equipo de gobierno del PP a cumplir con las estrictas medidas impuestas por el Ministerio de Hacienda como condición para concederle un crédito con el que sanear el déficit.
Sin embargo, el gobierno local ha decidido no aplicar el incremento del valor de los inmuebles para 2016. Según el primer edil alicantino, la medida se ha adoptado para evitar el incremento del coste del Impuesto de Bienes Inmuebles de todos los alicantinos, puesto que queda congelado el recibo a pagar el próximo año.
La iniciativa se acordó ayer coincidiendo con el vencimiento del plazo para aplicar el aumento del valor catastral, «que hubiera tenido unas repercusiones muy negativas para los vecinos de Alicante. La subida, dijo, suponía no sólo un encarecimiento del IBI, también de otros impuestos, como el de la renta. La decisión se ha tomado con el fin de «no ahogar más a los ciudadanos, que están pasando una situación muy difícil con la crisis económica actual. Con la congelación del recibo, podrán disponer de más renta para el consumo, una medida positiva para incentivar la economía local».
Ahora mismo, la ciudad de Alicante se encuentra inmersa en el proceso de regularización impulsado por la Dirección General del Catastro para perseguir el fraude y detectar las edificaciones que no tributan para hacerlas aflorar, lo que permitirá a los ayuntamientos conseguir más recursos precisamente a través del cobro del IBI.
Alicante está en fase de notificación, aunque los datos preliminares avanzan que de los más de 200.000 recibos puestos al cobro, hay «afectados» por algún tipo de irregularidad, unos tres mil, según datos de Suma Gestión Tributaria, que está centralizando el proceso.
La capital es uno de los 71 municipios que han sido ya revisados o están en medio de la regularización, lo que supone la mitad de la provincia.
Según las primeras estimaciones de esta entidad, en toda la provincia son 20.000 los inmuebles que se están investigando o revisando por irregularidades, y el expediente puede cerrarse con sanciones, o archivarse, «puesto que no todos van a concluir con una modificación catastral». Las mismas fuentes explicaron que habrá casos en los que se curse una nueva liquidación para pagar más IBI puesto que han detectado numerosos propietarios que no es que no pagasen, sino que lo hacían mal.
Por ejemplo, el cambio de uso no declarado de garaje a local comercial o restaurante; o casos en los que la información correspondía a un inmueble construido a principios o mitad del siglo XX, que después se ha rehabilitado, y ese mantenimiento no se ha declarado. «No es que afloren porque no paguen sino que hay que rectificarles la declaración». Desde la entidad no quisieron destacar ningún municipio sobre otro en cuanto a fraude. Se limitaron a decir que aún no ha entrado en la regularización ningún municipio que esté realmente mal, y que Alicante, junto con Barcelona, ha sorprendido a la Dirección General del Castro porque esperaban más omisiones, ya que, según datos de la regularización de 2014, la cantidad de edificaciones que no tributan era del 10%.
