La Generalitat prevé ejecutar en septiembre la sentencia judicial que ordena la demolición de los seis bungalows de Tabarca, que, según recordó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, invaden la zona de servidumbre de protección, que protege la ley de Costas. Pavón explicó ayer que la Conselleria de Agricultura sufragará los costes del derribo y que supondrá «pasar página» a uno de los episodios «más lamentables» en la ciudad «por la mala gestión del PP a nivel local y autonómico. «Jamás se debió dar una licencia ni autorización para construir viviendas invadiendo la servidumbre. A ver si se restablece poco a poco la legalidad urbanística en la isla, y en otras partes del territorio, y que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares».
Tanto Pavón como el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, confían en que la demolición, pendiente desde hace años, finalmente se produzca, puesto que, según adelantaron, esta circunstancia «permitirá la aprobación esta legislatura del Plan Especial de Tabarca».
Queda pendiente la concesión de un hotel en el faro de la isla que aún no se ha resuelto pero que el tripartito entiende que se debe denegar: «Ese faro es patrimonio histórico y debe destinarse a usos públicos vinculados a la divulgación o la investigación. En Xàbia se ha denegado y el faro de Tabarca, ubicado en un espacio natural protegido, no es distinto».
El anterior equipo de la Conselleria de Infraestructuras aplazó en octubre de 2014 sin fecha la demolición de los seis bungalows que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales en 2003, tras una denuncia del Ministerio de Medio ambiente por la vulneración de la Ley de Costas, algo que consistieron tanto el Ayuntamiento de Alicante, que dio las licencias y la cédula de habitabilidad posterior, como la Generalitat, que validó todos los pasos municipales. Doce años después y pese a que el 15 de enero de 2013 los inquilinos debían haber dejado sus viviendas, todo sigue igual.
Vandalismo
El tiempo pasa y se han producido actos de vandalismo como el robo de cables, marcos de ventanas y contadores de la luz el incendio de unas de las viviendas el pasado mes de abril. El problema es que no hay dinero para pagar las indemnización (en torno a 1,2 millones de euros) a los propietarios que compraron unas viviendas que se habían levantado con licencia municipal reglamentaria.
Los dueños esperan la resolución de un contencioso-administrativo en el TSJCV y de una reclamación patrimonial ante el Consell, al que piden dos millones de indemnización, ya que se sienten los principales perjudicados por un pleito entre Costas y la Generalitat. La licencia de obra y la cédula de habitabilidad y ocupación siguen en vigor, y las casas tienen luz y agua porque las compañías se han negado a cortarlas.
La sentencia que obliga a demoler estas casas es consecuencia del recurso interpuesto por el entonces Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar a la servidumbre de paso en suelo público. El TSJ declaró las casas ilegales en 2003 y el Supremo lo ratificó en 2009.
