La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana extenderá el acceso al sistema sanitario de los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana para acabar con el "modelo exclusivo" y que "recorta derechos" del Gobierno central.
Así lo ha asegurado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad pedirá la derogación del Real Decreto aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy que restringió la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles.
"Esto se va a acabar en la Comunitat Valenciana, donde la sanidad universal y el acceso a la atención en condiciones de equidad son innegociables", ha dicho Montón, quien ha añadido que a partir del lunes se incorporarán los cambios necesarios para ampliar la asistencia sanitaria a unos 30.000 potenciales beneficiarios.
Las solicitudes de las tarjetas sanitarias se harán de forma escalonada y no perjudicarán a la carga de trabajo de los profesionales de los centros de salud, según Montón, quien ha destacado que para impulsar esta medida se trabaja con la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y Médicos del Mundo.
Los beneficiarios del Acuerdo de Atención Sanitaria Universal presentado por Montón, a los que se concederá una tarjeta sanitaria similar a las convencionales (denominadas SIP), tendrán acceso a la cartera común básica de servicios.
A los titulares de la tarjeta se les asignará un facultativo de medicina general, lo que permitirá que tengan una continuidad asistencial, y si requieren asistencia especializada en un hospital, el tratamiento farmacológico formará parte del mismo.
La cobertura también contempla la prescripción de medicamentos en receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas, según Montón, que ha indicado que algunos requisitos para acceder a la tarjeta son ser extranjero mayor de edad y estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Valenciana un mínimo de tres meses.
Además, no deberán tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro sanitario, una mutua o un tercer país al que se pueda facturar por la atención.
Los beneficiarios podrán acceder a una tarjeta provisional en el momento en el que presenten los documentos acreditativos de que cumplen las condiciones y en un periodo de unos 30 días podrán tener la definitiva.
La consellera ha indicado que en breve una norma del ejecutivo valenciano plasmará y detallará el contenido de la medida, y ha descartado que suponga un conflicto de competencias con el decreto aprobado por el Gobierno central.
Los afectados por el Real Decreto de 2012 fueron unas 100.000 personas en la Comunidad Valenciana, aunque entre aquellos que han regularizado su situación y los que han salido de España por la crisis económica, se estima que en la actualidad habrá unos 30.000 potenciales beneficiarios de la medida.
Según Montón, esta medida no supondrá una gran inversión por parte de la Generalitat, ya que se trata en su mayoría de personas jóvenes y sanas que apenas hacen uso del sistema sanitario.
El presidente de Médicos del Mundo, Rafael Sotoca, ha asegurado que desde 2012 la Conselleria de Sanidad ha dificultado el acceso al sistema sanitario o ha exigido el pago de la atención a más de un centenar de menores y más de un millar de adultos, aunque ha advertido de que estos datos solo son la "punta del iceberg".
