El Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley de Montes que ha incluido ahora, como enmienda, el memorándum del Tajo que elevó la reserva de agua en la cabecera de 240 hm3 a 400 hm3, a partir de la cual no habrá trasvase al Segura. De esta forma, el PP mira para otro lado y obvia la polémica abierta en la provincia por los recortes que han dejado, debido a la sequía, casi sin agua al Tajo para enviar caudales a la cuenca del Segura. Algo de lo que ya advirtieron, entre otros, la Diputación, el Instituto Interuniversitario de Geografía y el PSOE.
El Gobierno ha hecho caso omiso a las advertencias y, según denunció ayer el diputado Herick Campos, al propio Tribunal Constitucional, que tumbó la Ley de Evaluación Ambiental donde se había incluido el memorándum por carecer un informe del Gobierno de Aragón, Ahora se cuela a través de la Ley de Montes «pero sigue sin llegar el estudio por lo que me temo que Aragón volverá a recurrir», apuntó Campos.
El TC declaró inconstitucionales varias disposiciones relacionadas con el Tajo-Segura recogidas en la Ley de Evaluación Ambiental por no haber contado con la opinión de Aragón, que tiene territorio en la cuenca del Segura. No obstante, estableció que la decisión debía quedar diferida durante un año para evitar perjuicios a los intereses generales, plazo en el cual deben reemplazarse las normas anuladas una vez emitido el informe de Aragón. El fallo anuló y consideró inconstitucionales, por ser contrarias a lo previsto en el Estatuto de Aragón. Ahora, el aumento del reserva queda reflejada en la Ley de Montes, potencialmente recurrible, de nuevo, porque el informe de Aragón sigue sin aparecer.
El Ministerio de Agricultura ha recortado este año casi a la mitad el envío de agua de Tajo a la provincia en plena sequía al pasar de los 38 hm3 mensuales que hubieran correspondido con las antiguas normas de explotación, en vigor hasta octubre de 2014, a los apenas 20 hm3 que llegan ahora tras la entrada en vigor del nuevo escenario hídrico que incluyó en la Ley de Evaluación Ambiental. Una decisión que en plena sequía ha obligado a recurrir a las reservas del embalse oriolano de La Pedrera, con el recelo de los regantes tradicionales.
Herick Campos, denunció ayer, en este sentido, que «el Gobierno de España, con el visto bueno del Fabra y Ciscar, en aquel momento presidente de la Generalitat y conseller de Agricultura, aprobó en el trámite de la Ley de Evaluación Ambiental unos cambios en la regulación del Tajo-Segura, que si bien se vendieron como cambios que garantizaban el trasvase y la compra de agua, lo cierto es que lo han significado es más inseguridad jurídica que antes». Campos apoyó su crítica en «la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó esos artículos, y el que la UEVA pueda fallar a favor de las denuncias porque se hizo un cambio de la normativa de una cuenca al margen del propio plan hidrológico de la cuenca», subrayó Campos.
Los agricultores del trasvase Tajo-Segura tienen derecho a recibir 600 hm3 anuales de agua del Tajo, pero la media trasvasada desde su apertura no ha pasado de los 300 hm3.
