El presidente del Autoridad Portuaria, Juan Ferrer, ha decidido disolver la Fundación Puerto de Alicante, el órgano creado a finales de los años 90 para dotar a los muelles de un elemento que contribuyera a su promoción, tanto desde el vista industrial como lúdico, pero que en muchos periodos se convirtió en una especie de agencia de colocación de trabajadores afines del PP, que se iban cayendo de las instituciones controladas por el partido gracias a sus mayorías absolutas. La fundación ha caminado con más pena que gloria a lo largo de los últimos 20 años en los que, según los presidentes que pasaron por el puerto, llegó a funcionar, también, como un instrumento para sostener el salario de los asesores del presidente de turno.
En estos momentos, la directora es María del Carmen Jiménez, exvicepresidenta de la Diputación con José Joaquín Ripoll, del que fue en los últimos años estrecha colaboradora. Bajo el mandato de Ripoll, la fundación gestó la privatización de la terminal de cruceros, el hecho más relevante que se le puede reconocer a una entidad que llegó, incluso, a editar, en los tiempos de mayor despilfarro de las arcas públicas, una revista propia para glosar la actualidad de un puerto que perdía tráfico año tras año y cerraba ejercicios en números rojos. Publicación en la que, según fuentes de la comunidad portuaria, se llegaron a enterrar miles de euros.
La Fundación también se encargó de organizar, entre otros actos, las jornadas de promoción de puerto en Argelia y eventos puntuales como jornadas sobre el Corredor Mediterráneo. Hoy, con el actual presidente del Puerto, Juan Ferrer, en la recta final como responsable del puerto, se produce este ajuste que dejará vía libre al modelo del próximo gestor.
La polémica por las contrataciones que se llevaban a cabo en la fundación, mediante acuerdos directos con el propio puerto, no fueron ajenas a Puertos del Estado, pero nunca se movió un dedo ni desde Madrid, ni desde el Consell, que tiene la potestad de elegir al presidente del puerto de Alicante.
Hoy, la necesidad de reducir costes y la economía espartana que ha impuesto Juan Ferrer en la gestión de los muelles, además del interés del Gobierno de soltar lastre innecesario eliminando fundaciones, certifican la supresión de un fundación que cierra sus puertas con más luces que sombras. Ferrer tiene previsto anunciar la decisión al consejo de administración que se celebrará el próximo martes.
La decisión está tomada pero para que sea oficial falta que el presidente de la Autoridad Portuaria reciba hoy el voto a favor del patronato de la misma del que han llegado a formar parte unas cien empresas de la provincia, aunque nunca se mostraron críticas con gestión de una fundación que ha estado dirigida desde su creación por personas ajenas incluso a la actividad portuaria.
