La municipalización de las contratas planteada por el tripartito del Ayuntamiento de Alicante se ha topado con un escollo: la imposibilidad de aumentar el capítulo presupuestario de Personal a consecuencia de las condiciones que impuso el Ministerio de Hacienda al rescate. Una limitación ante la que ha reparado el tripartito y que, según el alcalde, Gabriel Echávarri, está fijada hasta enero de 2017. El tripartito está a la espera de los informes económico y jurídico que ha solicitado para conocer si existe algún resquicio que permita sortear este escollo en el caso del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales que gestiona una empresa de Enrique Ortiz y que acaba de caducar. En caso contrario, se licitará en bloque, sin dividir en lotes el contrato.
Así se lo trasladó ayer Echávarri a los trabajadores del servicio, a quienes garantizó que seguirán cobrando por prestar el servicio y trasladó que están a la espera de los informes para aclarar si es posible municipalizarlo. Una opción que supondría asumir a unos 420 operarios. Sin embargo, «hasta enero de 2017 no se puede aumentar el personal», esgrimió Echávarri, quien incidió que van a estudiar si hay algún «resquicio» o determinar «cuándo» podría municipalizarse. De no poder salvar ese escollo, que puede lastrar la municipalización de otros grandes contratos al menos hasta 2017, Echávarri sostiene que el servicio de limpieza de colegios y dependencias se licitará sin dividirlo.
Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, constató ayer de manos de sus técnicos que la alternativa de expropiar y trasladar la Torre Placia roza los tres millones de euros, medio millón de euros menos que las indemnizaciones que acarrearía ejecutar la sentencia que obliga a demoler las once casas del entorno del monumento, sin contar con el coste propio del derribo. Pavón se mantiene partidario de esta opción, asegurando que «no hay mucha diferencia económica» y aludiendo a la protección del patrimonio. En cualquier caso, apuntó que se adoptará una decisión consensuada con el tripartito. Aunque el alcalde, Gabriel Echávarri, consideró que Pavón es «el que más conoce el asunto», indicó que habrá que estudiar «cuál es la opción más económica y que menos afecte al BIC». Desde el tripartito muestran sus dudas sobre que el plan del traslado pueda contar con la autorización del Ministerio de Cultura y coinciden en exigir responsabilidades a los concejales del PP que hace 14 años aprobaron la licencia.
Asesores
La inminente selección de asesores municipales ha despertado malestar entre las filas socialistas ante la posible contratación de Josefa Nicolás, la mujer del exsenador Ángel Franco, como personal de confianza en el área de Recursos Humanos. Otro de los nombres que se contempla es el del expresidente del colectivo de comerciantes Pedro de Gea. El alcalde se limitó a asegurar que no hay nada firmado y el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez, coincidió en que, por el momento, no se ha contratado a ningún asesor y dijo desconocer si esos nombres están sobre la mesa.
Por otro lado, Guanyar Alacant decidió ayer en su asamblea el baremo de méritos a valorar para la contratación de sus asesores, en un proceso abierto a la ciudadanía y con una comisión que realizará la selección.
Coche oficial
El edil de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Natxo Bellido, acudió ayer a Valencia, en coche oficial junto a dos funcionarios, para asistir a unas jornadas para evaluar la ejecución de los proyectos con fondos europeos, de los que quedan pendientes el observatorio de Medio Ambiente y las galerías comerciales de la Zona Norte que se ha propuesto desbloquear. Bellido aseguró que resultaba más económico el viaje en coche oficial que en tren, teniendo en cuenta que eran tres.
Facturas en los cajones
Por parte de la oposición, el edil popular Carlos Castillo, trató de justificar ayer la aparición de 3,1 millones de euros de facturas en los cajones, asegurando que obedecen a cuestiones que por «transparencia» se dejaron en manos de la corporación entrante. Se trata, no obstante, de facturas que datan de 2014, muchas para hacer frente a resoluciones judiciales.
Desde Ciudadanos, José Luis Cifuentes criticó que sigan sin disponer de un espacio en el Ayuntamiento por el retraso del antiguo grupo municipal de EU en desalojar sus despachos. En una situación similar se encuentran los ediles del PP, a la espera que los socialistas despejen sus anteriores dependencias.
Hoy está previsto que el tripartito celebre su primera Junta de Gobierno, en la que se aprobará la delegación de las competencias. El alcalde, además de Fiestas, Comercio, Consumo y Mercados, asumirá el área Jurídica.
