Una de las patatas calientes que ha encontrado sobre el mesa el tripartito es la sentencia que obliga a demoler once casas situadas en el entorno de protección de la Torre Placia, lo que implicaría el pago de una indemnización de alrededor de tres millones de euros. Para tratar de sortear la ejecución de la sentencia, el anterior equipo de gobierno tramitaba la alternativa de adquirir el monumento y trasladarlo, una posibilidad que no agrada al nuevo concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, «desde el punto de vista de la protección del patrimonio». Pavón agregó que esta última alternativa también resultaría gravosa para las arcas municipales, dado que habría que expropiarla y reconstruir la torre. En cualquier caso, Pavón añade que, por el momento, no se ha adoptado una decisión firme al respecto. Algo que también apuntilla el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, quien coincide con Pavón en que «el problema no es la torre sino lo que se hizo alrededor y dudo de que el traslado (de la torre) sea posible», dada la necesidad de contar con la preceptiva autorización del Ministerio de Cultura.
En ambos casos coinciden en que la situación actual se deriva de una sentencia judicial que obliga a demoler las casas y que es fruto de la gestión de los anteriores equipos de gobierno del PP, por lo que se plantean «pedir responsabilidad patrimonial» a los concejales populares que hace 14 años aprobaron la concesión de la licencia de las viviendas que la justicia ha declarado ilegal por estar en el entorno de protección del BIC. Bellido, no obstante, indicó que es una medida que, tras consultar a los técnicos municipales, parece tener «difícil recorrido».
