La solución que se adopta en el 90% de los casos de acoso escolar es «cambiar de colegio a la víctima» porque, en general, «las instituciones procuran hacernos callar». Son datos de la Asociación contra el Acoso Escolar en la Comunidad, Avalcae, que trabaja desde hace diez años con sede en Alicante, aunque se creó formalmente en 2009 y sólo guarda registros documentados de las denuncias recibidas los últimos dos años, un total de 1.170, unas 600 por año1.170, en la media del resto de autonomías. «Son muchos más los que no se denuncian por vergüenza o miedo», asegura el secretario general y técnico en mediación, Francisco Sorolla.
Afirma que la crisis ha agudizado las situaciones de maltrato en los centros escolares porque se ha prescindido de profesores y psicólogos, con «más alumnos que atender también y un papeleo excesivo». Desde la asociación afirman que «casi tres de cada cuatro escolares se ven afectados» por algún tipo de acoso, tipificado desde el momento en que la agresión, ya sea verbal o física, se hace de forma continuada.
Financiada por los propios socios, Avalcae recibe entre tres y seis consultas diarias, que se multiplican por tres en los primeros y últimos meses de cada curso escolar. Preguntado sobre la razón por la que el plan de prevención de la violencia escolar (Previ) no acaba de dar resultado, como demuestra la situación vivida durante tres años por una alumna del colegio Salesianos de Alicante, que también ha abandonado el centro -ver INFORMACIÓN de ayer-, Sorolla subraya que «desde que se denuncia hasta que un inspector se pone en contacto con el centro pasan varios meses, además de que hay que rellenar multitud de fichas y un tutor está obligado a prejuzgar el caso de antemano, cuando no es ni juez ni policía. La ley dice que hay que expulsar al acosador, pero la burocracia es tan lenta que se pasan cursos enteros».
Cambiar la ley
Lo primero que solicitan para tratar de minorar el acoso en las aulas, que ya en 2005 cifraba el Centro Reina Sofía de la Comunidad en un 25% de afectados entre alumnos de 12 a 16 años, es un cambio en la Ley del Menor para que los culpables no sean inimputables, como pasa ahora sea cual sea la gravedad del caso. «No decimos que se les trate con la misma dureza que a un adulto, pero deberían adoptarse medidas específicas para corregir su forma de actuar y de pensar, y enseñarles lo que significa el «no», porque, si no, serán delincuentes juveniles y a las víctimas se las llega a hundir de por vida», destaca Sorolla, quien sitúa en las aulas las raíces del posterior mobbing laboral.
Tanto el secretario general como la presidenta, María Teresa Canet, apuntan no sin cierta alarma que «el acoso ya es normal entre niños de cinco años, cuando se juntan unos cuantos y no dejan en paz a otro». No obstante, el grueso de los casos abarcan a alumnos de los 9 a los 16 años y la punta del iceberg, entre los 13 y 14 años.
Piden a los profesores que, como los políticos, «bajen a la calle, en este caso a los patios» a controlar, tanto en centros públicos como concertados y privados porque la frecuencia del acoso es la misma, aunque en estos dos últimos casos «se esconden más para guardar la reputación del centro». Finalmente, proponen «vacunar a todos los colegios» con las charlas sobre prevención que ofrecen desde la asociación.
