El macrocentro comercial ligado a la llegada de la multinacional Ikea a Alicante, en terrenos del barrio de Rabassa, "arrasaría" con entre 170.000 y 250.000 metros cuadrados de superficie comercial tradicional existente en el área de la capital, pero también en las subáreas comerciales de Alcoi, Cocentaina, Elche, Elda, Petrer y Villena, según un informe presentado por la patronal del pequeño comercio Facpyme.

Es una de los datos que se desprenden del documento sobre el impacto del proyecto de la UTE Alicante Avanza para la llegada de la multinacional sueca, presentado este jueves y que acompaña a las alegaciones de la entidad contra la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que respalda el proyecto ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Según han detallado, la superficie comercial tradicional que "desaparecería" sería mayor a los entre 106.000 y 157.000 metros cuadrados que se prevén para el macrocentro. Así, solo en la ciudad de Alicante se estima "con datos conservadores" que se perderían entre 55.000 y 80.000 metros cuadrados.

En cuanto al empleo, Facpyme señala que la pérdida de empleo minorista sería de 1.100 puestos de trabajo en Alicante ciudad y que en el empleo neto total implicaría la desaparición de entre 600 y 800 puestos de trabajo.

Finalmente, el estudio que acompaña a las alegaciones determina que la instalación del macrocentro llevaría implícito un "aumento de las emisiones de CO2 en el área metropolitana de un 2,5 por ciento anual", por el incremento del uso del transporte a motor para desplazarse.

El profesor de la Universidad de Alicante y director del informe, Armando Ortuño, ha indicado que "se ha tomado como referencia la Región de Murcia porque está presente Ikea y la Nueva Condomina y el Thader --dos centros comerciales--, que equivaldrían al centro comercial de la ATE".

"Sin embargo, tanto Thader y la Nueva Condomina están separados físicamente de Ikea, lo que dificulta las sinergias entre ellos", ha añadido, y ha puntualizado que "en Alicante, como la propuesta establece que no haya separación física, para maximizar las ventas y los impactos, y como nosotros hemos hecho el informe sobre Murcia, eso quiere decir que el impacto del que hablamos es conservador con respecto a lo que ocurriría en la provincia de Alicante".