Una magistrada de Alicante está investigado si los bomberos del parque municipal se la juegan cada vez que hacen prácticas o acuden a realizar un servicio por el mal estado del material que utilizan. Unas deficiencias de las que el jefe del parque, Carlos Pérez, es conocedor al menos desde mayo del año pasado, lo que no ha impedido que una buena parte de esos equipos continúen utilizándose con el consiguiente riesgo para los 160 efectivos que los usan con regularidad.
Esta situación es, en esencia, la que recoge la denuncia que tres efectivos del parque presentaron el pasado marzo ante el juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Benalúa y que ahora está instruyendo una magistrada, que ya ha citado a declarar a Carlos Pérez en calidad de imputado.
La denuncia se dirige contra el jefe del Cuerpo por un delito contra los derechos de los trabajadores que, según recoge el Código Penal, cometen quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de modo que pongan así en peligro grave su vida, salud e integridad física». Y fija por ello penas de prisión que pueden ir desde los seis meses a los seis años, además de una multa.
Según la documentación que obra en la causa es en mayo de 2014, en el curso de una jornada sobre sistemas de protección individual contra caídas de altura, cuando el jefe del parque detecta estas deficiencias, según admitió el propio Pérez meses después al inspector de trabajo a cuyo requerimiento tampoco le hizo excesivo caso. Y, en lo que se corrigió, se incumplieron los plazos para hacerlo, según consta en la denuncia que ha llevado a la juez a abrir una investigación por estos hechos.
La «excepción»
Un ejemplo de cómo se pretendían solventar desde la jefatura estas deficiencias (de las que también tenían conocimiento tanto el concejal de área, Juan Seva, como la anterior alcaldesa Sonia Castedo) es una nota interna publicada a instancias de la Inspección de Trabajo en noviembre del año pasado, seis meses después de ser consciente de ellas. En ella se fija como excepción a la prohibición de usar estos equipos que había dictado el inspector «las situaciones de grave emergencia», una salvedad que no deja de ser paradójica teniendo en cuenta la actividad que desempeñan los bomberos.
En este clima de denuncias sobre material de trabajo no homologado o con un mantenimiento deficiente sin que por ello se hubiera dejado de usar, en febrero de este año, es decir, cuando ya habían transcurrido diez meses desde que la jefatura tenía constancia del problema, uno de los efectivos del parque sufrió un accidente durante la realización de un servicio técnico «debido a la falta de medios necesarios para desempeñar sus funciones y a la utilización de equipos de protección individual no adecuados para la realización de trabajos en altura», según consta en la denuncia.
