Vía libre a los mercados del agua. El Gobierno aprobó ayer por fin, con dos meses de retraso sobre la fecha anunciada, casi un año después de que la sequía comenzara a arruinar a los agricultores y a dos semanas de las elecciones autonómicas, el decreto de sequía reclamado por los agricultores de las cuencas del Júcar y el Segura -sesenta mil regantes en la provincia de Alicante-, que a partir de ahora podrán intercambiar derechos de agua y comprar caudales en cualquier punto de España sin tener que solicitar la autorización previa del Ministerio de Agricultura y siempre que se tenga, por supuesto, infraestructura para recibirlos.

Algo que abre la puerta de par en par a los regantes del Tajo-Segura, pero vuelve a dejar al descubierto el desaguisado que se cometió con la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó. Un canal que costó 450 millones de euros pero por el que sólo puede circular agua para regar el arbolado, ya que la falta de calidad impide el riego de hortalizas. Conclusión: los agricultores del Medio, Alto Vinalopó y la Foia de Castalla se quedan fuera del decreto. La aprobación es una buena noticia en general debido a que también es extensible a los abastecimientos (Taibilla), que podría, plantearse comprar agua al Tajo y evitar así recurrir a las desaladoras, donde el caudal es ocho veces más caro.

La sequía más intensa -de momento no es las más larga- que se recuerda en la provincia desde que se tienen datos meteorológicos (150 años) ha provocado un auténtico descalabro ambiental al haber acabado con 182.000 almendros y una reducción media del 60% en todas las cosechas, lo que tiene al borde de la ruina a 6.000 agricultores y ha generado unas pérdida superiores a los 70 millones de euros. La sequía afecta a 142.000 hectáreas de cultivos, el 45% en tierras de secano, donde su único aporte es el de la lluvia, que no cae con normalidad desde noviembre de 2013.

Andrés Martínez, presidente de la Junta Central Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó se mostró, en este sentido, muy escéptico con el texto que recibió ayer el visto bueno del Gobierno. «Lo primero que tengo que decir es que choca que un decreto de sequía tarde en aprobarse tres meses más que uno de inundaciones -en alusión a la premura que se dio el ejecutivo con las riadas del Ebro- y en segundo, que me parece muy bien, pero que al final no se cumplirá nada por el miedo que se tiene en Madrid a los fantasmas políticos territoriales». Un mensaje directo de Martínez a los rectores del Ministerio y la Conselleria de Agricultura, por plegarse, según la Junta, a las presiones de Castilla-La Mancha y la Ribera valenciana.

En principio, el decreto aprobado estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Entre las medidas que se podrán aplicar figura la reducción de dotaciones en el suministro de agua para «racionalizar la distribución» de los recursos, la modificación de los criterios de prioridad a la hora de asignar los distintos usos del agua o la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y calidad adecuada al uso destinado. También podrán cambiarse las condiciones de las autorizaciones de vertido, así como las asignaciones y reservas previstas en los planes hidrológicos.

Se trata, según declaró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de movilizar «todos los recursos disponibles», incluyendo el empleo de aguas subterráneas no asignadas que funcionan como reserva estratégica para estos casos en 89 pozos propiedad del Segura o la producción de hasta 66 hm3 de agua procedente de desaladoras (Alicante y San Pedro del Pinatar). En el caso de la cuenca del Júcar, se desarrollará también una serie de obras de captación para poner en funcionamiento entre 5 y 10 pozos más que permitan afrontar las necesidades.

El desarrollo de estos decretos irá acompañado por un crédito extraordinario de 50 millones de euros para financiar actuaciones con carácter urgente con el objetivo de asegurar el suministro en zonas «especialmente necesitadas» como la ciudad de Lorca, y obras menores en el Bajo Vinalopó y la Marina Alta para que pueda llegar el agua del embalse de Alarcón.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aprobó el jueves el envío 25 hectómetros cúbicos de agua para paliar la sequía de los regadíos del trasvase Tajo-Segura y los recortes que ha sufrido el trasvase del Tajo. La CHS atiende de esta manera la petición de los regantes del trasvase. De los 25 hm3, 10 corresponden a remanentes de la anterior sequía y 15 forman parte de los recursos extraordinarios almacenados con motivo de las avenidas de 2013.