Ni uno, ni dos, ni tres. Hasta 21 ayuntamientos de la provincia se exponen a posibles sanciones del Gobierno central por no haber remitido todavía sus presupuestos de este año al Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, fiel a su idea de controlar las cuentas municipales para evitar que las entidades locales incurran en déficit, ha publicado recientemente un listado con las corporaciones alicantinas -tanto ayuntamientos como mancomunidades- que no habían remitido sus datos económicos a 31 de marzo de 2015.
En teoría, las administraciones públicas tienen que enviar sus presupuestos antes del 31 de enero del año en curso, tal y como constatan tanto desde la Diputación Provincial como desde la Conselleria de Hacienda. El problema estriba en que, llegada esa fecha, muchas entidades ni tan siquiera han podido aprobar sus cuentas anuales en sus respectivos plenos municipales. Y, obviamente, no pueden elevar los datos a Madrid.
Hacienda ha decidido esperar dos meses para dar a conocer el listado de incumplidoras. Son 21. Dos de más de 5.000 habitantes -El Campello y Monforte del Cid- y 19 de menor población -véase mapa adjunto-. El caso de El Campello es singular. El municipio dirigido por Juan José Berenguer ha cerrado los últimos ejercicios presupuestarios con remanentes millonarios y el pasado año consiguió dejar el contador de su deuda a cero. Pero, por el contrario, la corporación se ha mostrado incapaz de aprobar sus cuentas anuales a tiempo. Y ahora, además, tampoco ha trasladado la información a Hacienda.
La normativa es muy clara. La obligación de remitir la información está recogida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En una orden de 2014 que modificó parte de esa ley, el Gobierno estipula que las entidades locales deben remitir antes del 31 de enero «los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden». En caso de que a la administración local no le haya dado tiempo a avalar en pleno sus cuentas anuales, la ley marca que «deberá remitirse el prorrogado con las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de la prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto».
Ahora bien, ¿qué ocurre si las corporaciones no envían la información? Desde la Diputación y la Conselleria de Hacienda admiten que el Ejecutivo central podría sancionar a los incumplidores reteniéndoles parte de las entregas a cuenta. Sin embargo, también matizan que el Ministerio suele darles margen de maniobra. «Donde sí se muestra inflexible el Gobierno es cuando se remite tarde la liquidación del Presupuesto», explicitan. Sea como fuere, las corporaciones que no han remitido los datos se exponen a sanciones.
A los 21 consistorios que se encuentran en esa situación se suman otros 12 que no han enviado los datos presupuestarios de sus entidades dependientes. Estos son Albatera, Alcoy, Almoradí, Benidorm, Bigastro, Calp, Catral, Cocentaina, Mutxamel, Orihuela, L'Orxa y San Isidro. La ley, como tal, no explicita si este tipo de incumplimientos conlleva también algún tipo de sanción. El Ministerio, no obstante, sí ha reflejado en sus informes que tienen «pendiente» la remisión de la información.
A todos ellos se suman además otras 14 mancomunidades alicantinas que no han elevado sus presupuestos a Hacienda: la del Bajo Segura, tres de depuración de aguas residuales del Segura, la de Servicios Sociales de Mariola, la de Intermunicipal de Aspe y Hondón de las Nieves, la del Servicio de Promoción Económica de la Vega Baja, la de La Vall de Gallinera i l'Atzúbia-Forna, la Intermunicipal La Rectoría, la de Servicios Sociales La Vega, la Font de la Pedra, la de Servicios Sociales El Comtat, la de l'Alcoià i el Comtat, y la de La Vall de Laguar y Orba. Todas podrían recibir sanciones de Hacienda.
