El escollo que supone para la implantación de Ikea en Alicante el macrocentro comercial de 200.000 metros cuadrados, al que se opone la mayoría del comercio provincial, podría salvarse. La Generalitat, que tramita el proyecto como una Actuación Territorial Estratégica (ATE), abrió la puerta ayer a su modificación a través de alegaciones como la que están negociando los comerciantes alicantinos con el alcalde, Miguel Valor, para ir de la mano con el Ayuntamiento. La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, que vino a Alicante para anunciar diversas obras antes de las elecciones, declaró que el Consell mientras tiene que seguir adelante con la tramitación administrativa y confirmó que la ATE no se aprobará hasta después de las elecciones.

«El promotor presenta el proyecto y decide el modelo, después nosotros vemos si cumple los requisitos o no», dijo Bonig. De paso, aclaró que en este proyecto no sólo está implicada Alicante Avanza, la empresa participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, también «muchos otros, entre ellos Bankia, CaixaBank y varios grupos empresariales, por lo que no se puede focalizar todo en una persona».

Aunque la consellera considera que un acuerdo entre los impulsores de la iniciativa y los comerciantes para rebajar la superficie del macrocentro sería la salida más fácil, existen varias posibilidades que podrían suponer cambios en el macroproyecto. «Cualquier modificación tiene que venir de la mano del promotor, o de las alegaciones. Puede haber alguna que se considere oportuna para reducir la superficie, pero también desde el punto de vista de los accesos porque el Ministerio de Fomento ponga alguna condición indispensable y fundamental para aprobar la actuación y que tendrán que cumplir, porque si no es así no se aprobará». Lo mismo, afirmó, puede ocurrir en materia medioambiental y patrimonial si aparece un yacimiento arqueológico.

Las alegaciones a la ATE no se podrán presentar hasta que salga a exposición pública, un trámite que Bonig dijo que no se iniciará hasta que su departamento tenga constancia de que el promotor ha notificado el proyecto a todos los propietarios catastrales afectados por el ámbito de actuación. Habrá 45 días para presentar las alegaciones, que la consellera espera que sean «cuantiosísimas», tantas o más que las 1.200 que recibió la ATE de Alcoy Innova, recién aprobada, y que tendrán que contestar una a una. Por este motivo, estimó «imposible» aprobarla antes de las elecciones de mayo, confirmando lo que anunció ayer el alcalde, Miguel Valor. El regidor, pendiente de reunirse con Ikea, dijo que una vez que ha escuchado a todos los comerciantes, el Ayuntamiento esperará a recibir el proyecto de la tienda del mueble para conocer todos los detalles, y lo estudiarán con los técnicos para elaborar las alegaciones precisas conjuntamente con el comercio.

Otros supuestos que pueden conllevar la modificación del proyecto de Ikea son incumplimientos de la normativa, los tribunales, o un informe desfavorable de la Dirección General de Comercio. «En el caso de Alicante, hasta ahora los informes son favorables. Para eso están los técnicos, que conocen la demanda y la oferta en la provincia pero siempre cabe esa posibilidad. El promotor puede decir que no rebaja la superficie comercial pero si tenemos un informe razonado que recomienda que hay que reducirla, lo sopesaremos». Bonig defendió la ATE de las críticas de la oposición, que la tachan de fórmula exprés que no respeta los requisitos legales, y explicó que el Consell la eligió para acelerar la tramitación. En este sentido, aclaró que de los tres recursos contenciosos-administrativos contra el acuerdo de declaración de la ATE de Ikea solicitando la suspensión cautelar de la tramitación sólo se ha resuelto uno. El tribunal ha dictado además que no procede.

Además, adelantó que el 30 de marzo la comisión autonómica de Urbanismo aprobará el desestimiento de la tramitación del PGOU de Alicante y lo archivará.