A cuatro meses de las elecciones y a escasas semanas de su toma de posesión, el alcalde, Miguel Valor, acaba de poner el punto y aparte definitivo a la etapa anterior al retirar el proyecto del Plan General que lideraron sus predecesores, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos imputados en la causa judicial que investiga el presunto amaño del documento para beneficiar a Enrique Ortiz. Valor impulsará la elaboración de un nuevo Plan General libre de sospechas y bajo criterios de «sostenibilidad medioambiental y territorial». Algo que, según admite el acalde, pasaría necesariamente por «reducir la cifra de viviendas para adaptarlo a la realidad actual y a la normativa europea».
El proyecto de Plan General comenzó a redactarse hace más de 14 años y la última revisión se aprobó en 2010, cuando se remitió al Consell, donde su aprobación lleva más de cuatro años bloqueada mientras los tribunales indagan sobre las presuntas irregularidades en su elaboración. Además de las sospechas judiciales, los cambios normativos y la crisis de los últimos años dejaban desfasado un documento con unas previsiones de crecimiento sobredimensionadas, al contemplar unas 50.000 casas. En esa situación, la ciudad sigue regida por un PGOU de 1987 que ha agotado con creces su vigencia y que lastra el desarrollo económico de la ciudad. Así lo han advertido expertos, oposición, colectivos ciudadanos y empresarios, quienes han venido reclamando un nuevo Plan General adaptado a las necesidades de la ciudad y alejado de sospechas.
Aunque hasta ahora la postura del equipo de gobierno local había sido mantener el proyecto del Plan General remitido al Consell y someterlo a una tercera exposición pública para introducir modificaciones, el alcalde ha dado un giro en su decisión de retirarlo y hacer uno nuevo. «Es un plan obsoleto, que tenía que adaptarse a la normativa y que nunca nos hubieran aprobado», dijo Valor, quien asegura que «seguir hubiera sido fatal para todos». Valor no agotó el plazo de 15 días que se dio para pronunciarse al respecto y ayer comunicó su decisión de «dejar a un lado controversias en torno al Plan General» y dar paso «a un modelo de ciudad de crecimiento inteligente, sostenible medioambiental y territorialmente, incorporando infraestructura verde y eficiencia energética». El próximo viernes, en un pleno extraordinario, se acordará desistir de tramitar del proyecto que se remitió en 2010 al Consell y el inicio de un PGOU nuevo. Un documento que, según Valor, tomará como referentes ciudades europeas como Bilbao, Roterdam o Leipzig.
Orden de rapidez
El nuevo alcalde sostiene que el trámite comenzará de inmediato y que su orden es actuar «rápido» con la creación de «unos talleres de participación pública, para que entre todos diseñemos el nuevo modelo de ciudad que queremos para Alicante». Algo para lo que podría tomarse como referencia el plan de Competitividad Urbana elaborado por el Ayuntamiento. Valor incidió en su apuesta «por un urbanismo de vanguardia» que les permita «optar a las nuevas líneas de financiación europeas».
La concejala de Urbanismo, Marta García-Romeu indicó que ese trámite de participación se iniciará en paralelo al de aceptación de la renuncia al PGOU, que podría finalizar en marzo para dar pie a la convocatoria del concurso para su redacción. En cuanto a los plazos de elaboración de un nuevo Plan General, García-Romeu destacó que dependerá de lo que finalmente se aproveche del documento. «No se empieza de cero, porque mucho de lo que hay se puede aprovechar», esgrimió la edil, quien incidió en que la intención es «ajustar» el documento a la realidad socioeconómica y las necesidades de crecimiento actuales.
Apoyo de Fabra
Valor añade que su decisión cuenta con el apoyo del presidente del Consell, Alberto Fabra, y que se adopta tras reunirse con la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y conocer las consideraciones técnicas para «encauzar» el nuevo documento. Ayer mismo, Valor se reunió con técnicos del Consell y el director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, quien calificó de «muy inteligente» la decisión de rehacer el documento en base a la nueva Ley Urbanística Valenciana que entró en vigor en agosto así como a las directrices europeas.
